Un año más, la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática no ondea en la sede de Naciones Unidas. La ausencia de la RASD en la Asamblea General no es fruto de la casualidad ni de carencias jurídicas: es consecuencia de un bloqueo político impuesto por potencias que prefieren sostener la ocupación marroquí antes que aplicar el derecho internacional. Se trata de una anomalía flagrante que retrata las contradicciones del sistema multilateral.
Y sin embargo, a pesar de esa ausencia, el Sáhara Occidental está presente en el debate de la 80ª Asamblea General de la ONU. Así lo demuestran las intervenciones de distintos actores: el rey de España, Felipe VI, el presidente de Sudáfrica, el primer ministro de Marruecos, y las reuniones mantenidas por la diplomacia saharaui con países aliados. Cada una de esas voces, desde posiciones distintas, colocó a la cuestión saharaui en el corazón de un debate internacional dominado por la condena del genocidio palestino y la guerra de Ucrania.
Felipe VI, en su discurso, evitó mencionar el derecho a la autodeterminación, desdiciéndose de lo que él mismo había proclamado nueve años antes desde el mismo atril. En 2016, el monarca habló de “una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”. Ahora, en 2025, ha reducido su posición a una vaga referencia al apoyo a los esfuerzos de la ONU, sin mencionar el derecho fundamental que le corresponde al pueblo saharaui. Un retroceso que refleja la deriva oficial de España, cada vez más alineada con Rabat.
Por su parte, el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, utilizó su intervención para reiterar el llamado “plan de autonomía”, presentado como la “única solución realista”. Lo adornó con los habituales calificativos —duradera, pragmática, creíble— y aseguró que cuenta con un creciente apoyo internacional. Pero su discurso choca con la realidad jurídica: la última resolución del Consejo de Seguridad (S/RES/2756, de 31 de octubre de 2024) reafirma que la solución debe basarse en la autodeterminación del pueblo saharaui. En otras palabras, la ONU nunca ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ni ha aceptado el plan de autonomía como sustituto del referéndum.
Frente a estas posiciones ambiguas o abiertamente contrarias al derecho internacional, destacó la claridad del presidente de Sudáfrica. Cyril Ramaphosa denunció en Nueva York que el pueblo saharaui sigue privado de su derecho inalienable a la autodeterminación, y recordó que el Sáhara Occidental sigue inscrito en la lista de territorios pendientes de descolonización de la ONU desde 1963. Sudáfrica reafirmó así la postura de la Unión Africana, que reconoce plenamente a la RASD como Estado miembro de pleno derecho desde 1984.
Esa condición de miembro de la Unión Africana debería bastar, en cualquier lógica internacional coherente, para justificar el ingreso de la República Saharaui en Naciones Unidas. El continente africano reconoce a la RASD, decenas de países la han admitido como Estado soberano, y cuenta con instituciones sólidas que han sobrevivido en condiciones extremas de exilio. La única razón de su exclusión es la presión política de Francia, Estados Unidos y, en menor medida, España, que prefieren blindar a Marruecos como aliado estratégico.
Las reuniones bilaterales de la delegación saharaui en Nueva York con países amigos muestran que, pese al veto impuesto en los grandes escenarios, la causa sigue viva y respaldada. El pueblo saharaui, a través del Frente Polisario, sigue presente en la ONU, aunque no le permitan ocupar el asiento que le corresponde como Estado miembro. La ausencia formal se convierte así en una forma de denuncia: el recordatorio de que el derecho internacional se aplica de manera selectiva y que la justicia se bloquea cuando choca con los intereses de las potencias.
El Sáhara Occidental está ausente en la Asamblea General, pero presente en el debate internacional. Ausente en las banderas, pero presente en las palabras y en la memoria de quienes no aceptan que la última colonia de África permanezca bajo ocupación. Y esa contradicción, expuesta en la ONU, no hace sino reforzar la legitimidad de la lucha saharaui: porque ningún silencio, ningún veto y ninguna complicidad podrán borrar la verdad de un pueblo que exige su derecho a la autodeterminación.