Por Carlos C. García

La decisión del Gobierno español de asumir y financiar la enseñanza de la llamada “civilización marroquí” en los centros educativos españoles en Marruecos, incluido el colegio La Paz de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado, no puede presentarse como un acuerdo cultural neutro. Se trata de una decisión política de primer orden, que ha desatado una fuerte contestación y que tiene implicaciones directas en un territorio que Naciones Unidas sigue considerando pendiente de descolonización.

Diversas informaciones periodísticas han puesto de relieve que este acuerdo permite a Marruecos seleccionar y pagar al profesorado encargado de impartir la asignatura en once centros educativos españoles, mientras el Ministerio de Educación español no ha hecho público el currículo detallado. Como ha señalado El Independiente, el pacto refuerza el control del régimen marroquí sobre los contenidos educativos, una cuestión especialmente sensible cuando afecta a un centro situado en El Aaiún, bajo ocupación militar marroquí.

Las críticas se han intensificado al conocerse que el acuerdo forma parte de los compromisos firmados en la última Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos. El Debate ha calificado esta medida como una nueva cesión del Gobierno, subrayando que Rabat impone docentes y relato en centros sostenidos con fondos públicos españoles. No se trata solo de lengua o intercambio cultural, sino del control de la narrativa histórica y política que se transmite en las aulas.

En el caso del Sáhara Occidental, el acuerdo adquiere una dimensión aún más grave. España sigue siendo la potencia administradora de iure del territorio, una responsabilidad que no fue anulada por los Acuerdos de Madrid de 1975, nunca reconocidos por la ONU. Permitir que el país ocupante imparta oficialmente la “civilización marroquí” en un centro educativo español en El Aaiún equivale a normalizar la ocupación desde el sistema educativo, invisibilizando al pueblo saharaui y colaborando activamente en el blanqueamiento de una situación ilegal.

El texto del acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado, elude cualquier referencia al Sáhara Occidental y a las obligaciones jurídicas de España. Mientras tanto, medios próximos a Rabat celebran la medida como un avance, confirmando que el principal beneficiario político del pacto es Marruecos. Para amplios sectores críticos, esta decisión representa un salto cualitativo en la política de claudicación de España, que ya no se limita al silencio diplomático, sino que financia y legitima la ocupación a través de la educación pública.

La educación no es un terreno neutro. Convertirla en herramienta de legitimación colonial es una decisión grave, que compromete la responsabilidad histórica, legal y moral de España en el Sáhara Occidental. Por eso, este acuerdo no puede pasar como un trámite más: exige explicaciones públicas, transparencia y una rectificación política acorde con el derecho internacional y con la deuda histórica que España mantiene con el pueblo saharaui.

PLATAFORMA «No te olvides del Sahara occidental»