Cincuenta años después del inicio de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, CODESA publica un informe demoledor: 38.041 crímenes y violaciones documentadas contra la población saharaui. Una cifra inmensa que no solo mide la magnitud del sufrimiento, sino también la resistencia de un pueblo que ha seguido denunciando, uno a uno, cada atropello pese al silencio internacional. Este artículo ofrece una lectura de fondo: qué significa este informe, qué aporta y por qué interpela directamente a Naciones Unidas, a España y a la comunidad internacional.
Un informe que rompe el silencio estadístico
El valor del nuevo informe de CODESA no reside únicamente en la cifra —38.041 casos—, sino en lo que esa cifra representa: medio siglo de violencia continuada en un territorio donde el acceso independiente está bloqueado y donde la ocupación marroquí ha convertido la recopilación de datos en un acto de riesgo personal. Este no es un “estudio académico”, sino el resultado de cinco décadas de trabajo de activistas acosados, perseguidos, encarcelados o expulsados. Es, sobre todo, un ejercicio de memoria colectiva frente a un sistema internacional que ha preferido mirar hacia otro lado.
En un contexto donde Marruecos controla férreamente la información y donde organizaciones internacionales apenas pueden operar, que una ONG saharaui haya logrado reconstruir miles de casos documentados es un acto político en sí mismo. CODESA no aporta una estadística fría: aporta un archivo moral de la ocupación.
Cinco décadas de violencia sistemática: no son “excesos aislados”
El informe revela un patrón que se mantiene intacto desde 1975 hasta hoy:
- Desapariciones forzadas prolongadas: familias enteras sin saber durante décadas dónde están sus seres queridos.
- Ejecuciones y muertes bajo custodia: nunca investigadas, nunca asumidas.
- Tortura institucionalizada: no como método “excepcional”, sino como lenguaje cotidiano del poder.
- Castigos colectivos y desplazamientos forzados: dirigidos a romper el tejido social.
- Saqueo de recursos naturales y discriminación económica estructural: la violencia que no deja marcas visibles, pero condena generaciones.
Lo significativo es que el informe demuestra continuidad, no episodios. La represión del Makhzen no ha evolucionado: se adapta, se sofistica, pero no cambia. Mientras otros conflictos fluctúan o se transforman, el Sáhara Occidental vive una ocupación que reproduce año tras año los mismos mecanismos coloniales denunciados en los informes de los años 70, 80 y 90.
El muro del silencio: Marruecos, España y la comunidad internacional
La publicación coincide con un aniversario incómodo: 50 años desde que España abandonó a toda una población y permitió que Marruecos impusiera un régimen de violencia estructural. Nada de lo que recoge CODESA habría sido posible sin dos pilares:
- El bloqueo marroquí al territorio, que impide ver y documentar.
- La complicidad pasiva —y a veces activa— de potencias occidentales, incluida España, que han preferido la estabilidad geopolítica a la legalidad internacional.
El informe no es solo una denuncia contra Marruecos: es un espejo incómodo para quienes, durante medio siglo, han aceptado ese relato de “normalidad” en un territorio ocupado.
La dimensión jurídica: crímenes que no prescriben
CODESA opta deliberadamente por un lenguaje jurídico duro:
- crímenes de guerra,
- crímenes de lesa humanidad,
- políticas de apartheid,
- persecución por motivos nacionales.
No es retórica. Los hechos descritos encajan con tipologías recogidas en el Estatuto de Roma y en los principales tratados internacionales. Lo que falta no es derecho, sino voluntad política. La MINURSO sigue sin competencias en derechos humanos; el Consejo de Seguridad sigue dividido; la Unión Europea continúa firmando acuerdos comerciales sobre recursos saharauis en contra de su propio tribunal.
El informe funciona, por tanto, como acta de acusación anticipada: cuando haya justicia —porque la habrá—, este documento será una pieza clave.
Una advertencia: el periodo 2020–2025 y la escalada militar
La parte final del informe es la más inquietante: desde la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020, Marruecos ha abierto una nueva etapa de violencia más silenciosa pero más letal. Los ataques con drones contra civiles saharauis en la zona liberada son un salto cualitativo que no figuraba en intensidades anteriores del conflicto. La ocupación ha pasado de “control policial” a “tecnificación militar”.
CODESA apenas ha podido documentar 1.475 casos en esta fase, no porque haya menos violaciones, sino porque el acceso es cada vez más restringido.
El valor político de este informe para el pueblo saharaui
Dos ideas centrales atraviesan el documento:
1. La resistencia saharaui es más fuerte que la maquinaria del silencio
Cada caso documentado es una victoria contra la impunidad. Marruecos puede bloquear el territorio, cerrar ciudades, torturar activistas; pero no puede impedir que la memoria permanezca.
2. El derecho a la autodeterminación es inseparable de la justicia
El informe lo demuestra: hablar del “plan de autonomía marroquí” sin abordar las responsabilidades criminales de la ocupación es una forma de blanquear medio siglo de violaciones. No hay solución política sostenible sin rendición de cuentas.
Por qué este informe importa ahora más que nunca
Porque coincide con tres dinámicas críticas:
- El retorno de la guerra desde 2020.
- La ofensiva diplomática marroquí sobre Europa y África.
- El debate en Naciones Unidas sobre el futuro del proceso político tras las resoluciones 2797 y 2798.
Es decir: CODESA publica justo cuando Marruecos quiere cerrar el conflicto por vía diplomática sin referéndum y sin asumir responsabilidades. El informe rompe esa narrativa.
Conclusión: la memoria contra el olvido
El informe de CODESA no puede ser leído como un documento técnico. Es una radiografía moral de un pueblo sometido durante cincuenta años y una advertencia para la comunidad internacional: la ocupación del Sáhara Occidental no es un conflicto congelado, sino un régimen de violencia permanente que sigue activo hoy.
Lo que está en juego no es solo el derecho internacional, sino una verdad elemental: que las víctimas saharauis no sean enterradas dos veces —primero por la represión, luego por el silencio.
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