Hoy, 04/12/2025…
La prensa española ha convertido la XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos en un examen de fondo sobre el precio político y territorial de las concesiones hechas por Madrid desde 2022. Los análisis publicados en estos días coinciden en una idea: Rabat acude a la cumbre con una estrategia calculada para reforzar su control sobre el Sáhara Occidental y avanzar posiciones en la fachada atlántica, mientras España lo hace con una debilidad estructural que puede afectar tanto al derecho del pueblo saharaui como a la seguridad jurídica de Canarias.
En LA RAZÓN, la advertencia del diplomático José Antonio de Yturriaga es especialmente directa. El exembajador afirma que Marruecos busca que España le proporcione precisamente lo que aún no tiene: legitimidad. “Lo que busca Marruecos es cubrir su debilidad jurídica con un paraguas político español”, declara en una entrevista publicada el 4 de diciembre. A su juicio, el giro de Pedro Sánchez con la carta “redactada en Rabat y traducida del francés al castellano” abrió la puerta a que Rabat intente arrancar en esta RAN el reconocimiento práctico de su control sobre las aguas y el espacio aéreo del Sáhara. Yturriaga advierte además que “España no obtiene nada. Absolutamente nada”, ni siquiera las aduanas prometidas para Ceuta y Melilla.
En El País, la preocupación se sitúa en la presión marroquí sobre Canarias. El diario señala que “las exigencias marítimas y de espacio aéreo de Marruecos condicionan la cumbre con España”, y recuerda que Rabat quiere cerrar la arquitectura legal que le permita explotar los recursos del Sáhara Occidental. El análisis apunta a que la ONU, con su última resolución, ha dado a Marruecos “un impulso político”, pero insiste en que ese impulso no cambia la realidad jurídica del territorio ni la obligación internacional de respetar la autodeterminación.
Desde El Independiente, el énfasis es aún más claro. El diario afirma que “Marruecos se lanza a arreglar los flecos jurídicos de la fachada atlántica” y alerta de la importancia estratégica del control del espacio aéreo sobre el Sáhara, que Rabat quiere normalizar dentro de las competencias españolas en navegación. El periódico subraya que estos movimientos afectan directamente a Canarias, un territorio especialmente sensible frente a cambios en la delimitación marítima o en los corredores aéreos.
Los medios canarios han sido, como siempre, los más explícitos. Atlántico Hoy habla de un “error estratégico” del Gobierno de Canarias al impulsar proyectos marroquíes como el puerto de Dajla, mientras no existe claridad sobre las reclamaciones de Rabat en aguas próximas al archipiélago. Para el medio, estas decisiones “normalizan el expolio del Sáhara Occidental” y colocan a Canarias en una posición de mayor vulnerabilidad. Canarias7, por su parte, subraya la inquietud creciente en el archipiélago y recuerda que “Marruecos reclama fijar la mediana y partes del espacio aéreo” en un contexto internacional en el que Rabat ha ganado impulso político, pero no jurídico.
El ecosistema mediático se hizo también eco de la advertencia del Frente Polisario publicada por Infobae, donde el representante en España, Abdulah Arabi, asegura que “una vez consolidada la ocupación del Sáhara, el siguiente objetivo será Canarias si España sigue cediendo y permitiendo que Marruecos marque la agenda”. Más allá del tono, el mensaje refleja un hecho que los medios españoles llevan días reiterando: el avance marroquí sobre el Sáhara no puede separarse de la presión sobre Canarias y la proyección atlántica de Rabat.
En conjunto, los artículos de La Razón, El País, El Independiente, Canarias7, Atlántico Hoy e Infobae coinciden en que la XIII RAN no es una cumbre más. Es una pieza dentro del proceso de normalización internacional de la ocupación del Sáhara Occidental, en el que Marruecos pretende obtener, por vía bilateral, aquello que jamás ha obtenido por vía legal. España, atada al giro de 2022, acude sin una estrategia clara y con la tentación de convertir la “buena vecindad” en un sustituto del Derecho Internacional. Las consecuencias pueden afectar tanto al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como a la estabilidad y seguridad jurídica de Canarias.
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