En octubre de 2010, más de veinte mil saharauis levantaron en las afueras de El Aaiún el campamento de Gdeim Izik. Fue un acto de resistencia pacífica contra la ocupación marroquí y la discriminación sistemática, un grito colectivo por la dignidad que precedió incluso a las primaveras árabes. La respuesta del régimen marroquí fue brutal: el 8 de noviembre, fuerzas policiales y militares arrasaron el campamento con violencia, provocando muertos, heridos y cientos de detenciones. De aquel episodio nació uno de los símbolos más dolorosos y a la vez más firmes de la resistencia saharaui: los presos de Gdeim Izik.
Veintitrés activistas fueron sometidos a un juicio militar plagado de irregularidades, sin pruebas materiales y con condenas dictadas en base a confesiones obtenidas bajo tortura. En 2017, tras la anulación formal del proceso militar, un tribunal civil en Rabat repitió el guion: largas penas de prisión, incluidas varias de cadena perpetua. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y numerosos observadores internacionales denunciaron aquel proceso como un juicio político, contrario al derecho internacional y sin las mínimas garantías de defensa. Desde entonces, los prisioneros han sido dispersados en cárceles marroquíes a cientos de kilómetros del Sáhara Occidental, aislados de sus familias, sometidos a malos tratos y privados de derechos básicos.
Quince años después, su situación sigue siendo la prueba viva de la represión marroquí. En su declaración conjunta de julio de 2025, los presos denunciaron la continuidad de las torturas, las condiciones inhumanas de detención y la persecución a sus familias. Recordaron que los tribunales de ocupación ignoraron deliberadamente el Protocolo de Estambul y se basaron exclusivamente en informes policiales para condenarlos. “Las verdaderas acciones que hemos cometido —afirmaron— son acciones de defensa del derecho de nuestro pueblo a la dignidad, a la soberanía y a la autodeterminación”. Su voz desde las cárceles se convierte en un manifiesto contra la injusticia y en una reafirmación de la resistencia.
La reciente intervención de la representante adjunta de Sudáfrica ante la ONU en Ginebra, Tsholofelo Tsheole, ha devuelto el foco internacional sobre esta tragedia. En la conferencia «Sin defensa: El crimen de ser saharaui», celebrada en el Palacio de las Naciones, comparó el trato de Marruecos a los presos saharauis con la lógica del apartheid en Sudáfrica: la detención arbitraria como herramienta de represión destinada a quebrar toda resistencia pacífica. Tsheole denunció arrestos sin orden judicial, detenciones en régimen de incomunicación, torturas y juicios sin defensa independiente. Y subrayó que los informes de los mecanismos de la ONU —incluido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura— son “deliberadamente ignorados” por las autoridades marroquíes.
Las voces de los presos se entrelazan con las denuncias de AFAPREDESA, que celebra la firme exigencia de Naciones Unidas de liberar de inmediato a todos los presos políticos saharauis. La asociación recuerda que llevan casi quince años encarcelados en violación flagrante del derecho internacional. Naciones Unidas ha sido clara: Marruecos debe poner fin a la detención arbitraria, liberar a los presos, compensar a las víctimas, garantizar condiciones de encarcelamiento dignas y procesar a los responsables de la tortura. El caso de Naama Asfari, condenado tras confesiones arrancadas bajo tortura, es especialmente significativo: su esposa, la activista francesa Claude Mangin, sufre acoso e intimidación, y la ONU ha calificado estas prácticas de “totalmente inaceptables”.
Las condiciones de los presos violan incluso las Reglas Nelson Mandela, las normas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos: falta de acceso a educación, prohibición de visitas familiares, incomunicación y privación de atención médica. El Grupo de Trabajo de la ONU ha instado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos a revisar estos casos y a garantizar visitas regulares del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pese a estas resoluciones, Marruecos persiste en la represión, amparado por la complicidad de potencias internacionales que anteponen la estabilidad con Rabat a la justicia para los saharauis.
Los presos políticos de Gdeim Izik han respondido con dignidad, recurriendo una y otra vez a la huelga de hambre como única arma frente al maltrato. En septiembre de 2025, Mohamed Bachir Butenguiza inició una huelga de 48 horas en la prisión central de Kenitra después de que las autoridades impidieran a su hermana, la activista y periodista Salha Boutenguiza, realizar una visita familiar. Este gesto extremo es una forma de denunciar la arbitrariedad y exigir el respeto de sus derechos fundamentales, tal y como ha recordado el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria.
La responsabilidad no es solo de Marruecos. AFAPREDESA señala a España como potencia administradora del Sáhara Occidental, y exige a la Unión Africana y a la Unión Europea intervenir para hacer cumplir las decisiones de Naciones Unidas. Piden la liberación inmediata de todos los presos, compensaciones a las víctimas y la rendición de cuentas de los responsables de la tortura. También reclaman la apertura del territorio ocupado a la prensa, a observadores internacionales y al ACNUDH, al que Rabat lleva nueve años negando el acceso.
Los presos de Gdeim Izik llevan casi tres lustros tras las rejas, pero no han podido ser doblegados. Marruecos quiso utilizarlos como ejemplo de miedo, y los convirtió en símbolos de dignidad. Sus cartas, sus huelgas de hambre y la firmeza de sus familias recuerdan al mundo que el Sáhara Occidental no se rinde. Gdeim Izik no es un capítulo cerrado: es una herida abierta que encarna medio siglo de represión y de resistencia saharaui.
Hoy, al cumplirse cincuenta años de ocupación ilegal del Sáhara Occidental, la voz de los presos políticos resuena más fuerte que nunca. Hablar de Gdeim Izik es hablar de la dignidad de un pueblo que no se encarcela. Su libertad será también la del Sáhara, porque sin justicia para ellos no habrá justicia para todo un pueblo que sigue reclamando lo que le pertenece: su autodeterminación y su independencia.