Este martes es el 76 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un compendio de obligaciones a respetar por los Estados para todas las personas sólo por serlo, y que, en el caso del pueblo saharaui, es prácticamente un catálogo de incumplimientos: desde vivir en paz y libertad hasta cuestiones básicas como el desplazamiento y el origen de todo, la imposibilidad de ser dueños de su destino por no poder tomar las riendas de su propio territorio.

El Sáhara, la pieza por cerrar de la época colonial, el territorio que llegó a pertenecer a España –que sigue siendo potencia administradora-, y que no acabó, como otros estados, en su independencia, sino en manos de otro país, Marruecos, sometiendo a abusos diarios a su población, mientras que otra parte malvive en el desierto con graves carencias en lo más básico (derechos humanos como la salud, la educación…)

A todo ellos se remitía Cantabria por el Sáhara, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, que repasaba algunos de estos incumplimientos: como la existencia de presos políticos –activistas por la independencia-, cuya liberación pedía, como los de Gdeim-Izik, una década presos; o el expolio de los recursos naturales en el Sahara Occidental, recursos que son vendidos sin consentimiento de sus legítimos propietarios, en el mercado internacional por el Gobierno marroquí (y que reciben la Unión Europea, Oceanía, Estados Unidos, Japón, algunos países del Medio Oriente y de Sudamérica).

En este sentido, apelaban al cumplimento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que anula los acuerdos comerciales entre Marruecos y la UE relacionados con el Sahara Occidental, reconociendo la capacidad jurídica del Frente Polisario para representar los derechos del pueblo saharaui.

Desde la entidad condenaban la  “reiterada” violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental por las fuerzas de ocupación del reino de Marruecos: hablamos de represión, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de ciudadanos y ciudadanas saharauis, activistas y periodistas, por defender su legítimo derecho a la autodeterminación y a la libertad.

Desde Marruecos llegan drones asesinos que el reino de Marruecos utiliza contra la población civil de los Territorios Liberados, matando y destruyendo indiscriminadamente a gente inocente, impidiéndoles su morada o tránsito por su territorio.

Hay, además, un muro de la vergüenza, con más de siete millones de minas, que divide al pueblo saharaui, impidiéndoles la interrelación humana entre los Territorios Liberados y los que están bajo la ocupación de Marruecos.

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