La reciente gira del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau por Argel y Rabat ha vuelto a situar sobre la mesa una idea que reaparece periódicamente en el conflicto del Sáhara Occidental: el futuro de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Sin embargo, detrás de esta presión diplomática, emerge una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué destino puede plantearse para esa población sin haber resuelto antes la cuestión central del conflicto?
Los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf no son un elemento accesorio del conflicto, ni una anomalía que pueda resolverse por sí misma. Son, desde su origen en 1975, la consecuencia directa de un proceso de descolonización interrumpido y de una guerra que forzó a decenas de miles de personas a abandonar su territorio.
Cincuenta años después, lo que debía ser provisional se ha convertido en una realidad estructural. Generaciones enteras han nacido y crecido en el exilio, en un espacio que no responde a una solución política, sino a la ausencia de ella. Por eso, plantear hoy el desmantelamiento de los campamentos como punto de partida equivale a invertir la lógica del problema.
La presión internacional para “resolver” la cuestión de Tinduf se presenta a menudo como un intento de desbloquear el conflicto. Pero en la práctica, desplaza el foco hacia una de sus consecuencias, evitando abordar su causa principal: la falta de una solución política basada en el derecho a la autodeterminación.
La cuestión no es menor. Desde el punto de vista del derecho internacional, cualquier retorno de la población refugiada debe ser voluntario, seguro y digno. Sin una definición previa del estatus del territorio, ninguna de estas condiciones puede garantizarse. No existe, en términos jurídicos ni políticos, un destino legítimo para esa población al margen de un proceso de decisión sobre su propio futuro.
El referéndum de autodeterminación, previsto en el marco de Naciones Unidas desde 1991, sigue siendo el único mecanismo capaz de responder a esta cuestión. No se trata de una reivindicación simbólica, sino de la herramienta diseñada precisamente para resolver situaciones como la del Sáhara Occidental. Su ausencia no es un detalle, sino el núcleo del problema.
Sin embargo, en el contexto actual, la lógica parece invertirse. Se habla de cerrar campamentos antes de definir el futuro del territorio, de gestionar las consecuencias sin resolver las causas, de reducir el conflicto a una cuestión humanitaria cuando en realidad es, ante todo, una cuestión política y jurídica.
En este escenario, la posición de los distintos actores internacionales vuelve a evidenciar sus propias contradicciones. Mientras se insiste en la necesidad de avanzar hacia una solución, se evitan los mecanismos que permitirían alcanzarla. Y mientras se plantea el futuro de los refugiados, se deja en segundo plano el derecho que debería determinarlo.
Los campamentos de Tinduf no se vaciarán por presión diplomática ni por decisiones externas. Solo podrán desaparecer cuando las personas que viven en ellos sepan dónde pueden ir y bajo qué condiciones. Y eso solo puede definirse a partir de una decisión libre sobre el futuro del territorio del que fueron expulsadas.
Plantear el desmantelamiento de Tinduf sin resolver previamente la cuestión del Sáhara Occidental no es una solución. Es, en realidad, una forma de evitarla.
Por Victoria G. Corera
Plataforma No te olvides del Sáhara Occidental