El diario El País ha publicado el 3 de agosto de 2025 un artículo titulado “El viaje de ida sin vuelta de Safia”, firmado por Trinidad Deiros Bronte, en el que acusa al Frente Polisario de “impedir durante años” que mujeres saharauis regresen a España desde los campamentos de refugiados de Tinduf. A través de testimonios vagos y sin verificación independiente, el reportaje sugiere que decenas —e incluso “más de un centenar”— de jóvenes estarían retenidas contra su voluntad por el Polisario o por sus propias familias.
Este tipo de relatos no es nuevo. Se ha repetido, una y otra vez, en medios españoles e internacionales que, con notable ligereza, presentan una realidad profundamente compleja en forma de denuncia moral, diseñada para conmover, indignar y culpabilizar a un único actor: el Frente Polisario. No hay contexto. No hay cifras verificables. No hay perspectiva jurídica. Y, sobre todo, no hay respeto por el derecho del pueblo saharaui a decidir su destino colectivo y sus valores culturales.
1. ¿Quién emite los pasaportes y controla la salida de las jóvenes? No es el Polisario
Una de las afirmaciones centrales del artículo es que el Frente Polisario “impide” a mujeres saharauis salir de los campamentos o regresar a España. Pero esa acusación, además de carecer de prueba documental, ignora por completo el marco legal vigente.
Las personas refugiadas saharauis en los campamentos de Tinduf no tienen pasaporte saharaui reconocido internacionalmente, ya que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), aunque reconocida por decenas de países, no emite documentos de viaje válidos universalmente. Por tanto, estas personas viajan con pasaportes o salvoconductos expedidos por el Estado argelino, en calidad de país de acogida y garante del estatus de refugiado. La logística de los viajes internacionales —tramitación de visados, permisos de salida, autorizaciones familiares en caso de menores, renovación de pasaportes, controles en fronteras o aeropuertos— depende de las autoridades argelinas. Atribuir al Polisario ese poder es, en el mejor de los casos, una falta de conocimiento; en el peor, una falsificación deliberada.
Es también cierto que, para que una persona refugiada saharaui pueda salir legalmente del territorio argelino, necesita una orden de salida expedida por la embajada saharaui en Argel, como medida de control y coordinación de movimientos desde y hacia los campamentos. Este requisito administrativo tiene como finalidad evitar situaciones de trata, garantizar la protección internacional del refugiado y asegurar el registro de entradas y salidas de personas bajo su responsabilidad. No se trata de un instrumento de represión, sino de un mecanismo de control básico en un contexto de desplazamiento prolongado y de falta de reconocimiento jurídico pleno.
Ni el Frente Polisario ni la RASD tienen capacidad para “impedir” legalmente la salida de una persona de Argelia, ya que la autoridad última es el Estado argelino. Pero sí tienen un rol administrativo y político reconocido en la gestión de la población refugiada, mediante mecanismos como las órdenes de salida.
Cuando una joven saharaui no puede salir del país o encuentra dificultades burocráticas, las causas pueden ser múltiples: vencimiento de documentación, problemas consulares, restricciones sanitarias, conflictos con su familia, o falta de autorización administrativa. Convertir automáticamente cualquier obstáculo en “retención forzada por el Polisario” no solo es simplista, sino irresponsable.
2. Las familias saharauis también tienen voz y decisiones. No todo es represión institucional
En muchos de los casos citados (como el de “Safia”), los conflictos no son con el Frente Polisario como institución política, sino con las propias familias de origen, que pueden oponerse —por razones culturales, religiosas o emocionales— a que sus hijas permanezcan en España o se independicen. Esto es frecuente en sociedades tradicionales, donde la autonomía personal está en tensión con estructuras sociales más conservadoras. Ocurre en Marruecos, en Irán, en Pakistán… y también entre comunidades saharauis exiliadas, sin que eso justifique ni criminalice a toda una organización política.
Las familias, especialmente en contextos comunitarios como los campamentos saharauis, siguen ejerciendo un papel fuerte en las decisiones sobre el futuro de las hijas, incluso cuando son mayores de edad. Esto no es exclusivo del Sáhara: lo vemos también en familias migrantes de origen marroquí, argelino o senegalés viviendo en Europa. El conflicto entre la autoridad familiar y la voluntad individual no es una “opresión institucional”, sino una dinámica que debe abordarse desde el diálogo intercultural, el feminismo descolonial y la mediación, no desde el señalamiento propagandístico.
3. ¿Cuántos casos hay? ¿Dónde están los datos? ¿Y las otras voces saharauis?
El artículo de El País alude a “más de un centenar” de mujeres en situaciones similares. Pero no aporta ni una sola lista, ni una base de datos, ni testimonios directos contrastados por ONGs independientes. La única fuente que se menciona es la Fundación Gabriel Larralde, que actúa desde hace años como interlocutor hostil al Polisario, con vínculos informales con sectores pro-marroquíes. ¿Dónde están las cifras verificadas por organismos internacionales? ¿Dónde están los testimonios de las propias jóvenes, no de sus familias españolas?
Además, el texto no da voz a ninguna mujer saharaui residente en los campamentos, ni a organizaciones feministas saharauis, ni a responsables de la RASD. En cambio, la narrativa se construye desde el punto de vista de españoles “acogedores” que afirman que las jóvenes son “rehenes” de sus orígenes. Es decir: se plantea un relato paternalista, donde las saharauis adultas son tratadas como menores incapaces, sin agencia, sin contexto ni contradicción. Esa mirada es profundamente colonial.
4. ¿Dónde está el contexto político y legal? ¿Por qué se invisibiliza la ocupación?
El artículo omite un dato esencial: las jóvenes de las que habla son refugiadas porque Marruecos ocupa ilegalmente su país desde 1975. La comunidad internacional reconoce al Sáhara Occidental como territorio no autónomo pendiente de descolonización, y al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui.
¿Por qué El País no menciona una sola vez la palabra “ocupación”? ¿Por qué no informa sobre las mujeres saharauis que son encarceladas, torturadas o desaparecidas en los territorios ocupados, como Sultana Jaya o Nazha El Khalidi? ¿Por qué se ignora por completo el contexto político de represión y exilio? Presentar a Argelia y a los campamentos como cárceles, mientras se blanquea el rol del ocupante marroquí, es una manipulación estructural.
5. El programa Vacaciones en Paz no es adopción ni migración encubierta
Otro aspecto manipulado es el sentido del programa Vacaciones en Paz, presentado en el artículo como una especie de vínculo afectivo que justificaría el derecho de las jóvenes a quedarse en España. Pero este programa no es una vía migratoria ni un acuerdo de tutela permanente. Se trata de una iniciativa solidaria con un objetivo muy claro: acoger temporalmente a menores saharauis durante el verano, siempre con el compromiso de regresar a los campamentos.
Convertir ese programa en excusa para reclamar la custodia, el arraigo o la “libertad” de las jóvenes no solo distorsiona su naturaleza, sino que pone en riesgo su legitimidad como herramienta humanitaria. Y sobre todo, abre la puerta a discursos que cuestionan el derecho de las familias refugiadas a educar y orientar a sus hijos según sus valores. La solidaridad no puede convertirse en tutela colonial.
6. ¿Y si el problema no es el Polisario, sino el racismo y el doble rasero?
El problema de fondo no es la libertad individual. Es el modo en que se ejerce una doble vara de medir. Si una joven española decide volver a Marruecos, nadie publica una portada preguntando si fue presionada por su familia. Si una mujer saharaui se queda en Argelia, se asume que fue obligada. Cuando es Marruecos quien detiene a activistas saharauis, se oculta. Cuando el Polisario es acusado, se amplifica sin contraste.
Hay una diferencia entre preocuparse por los derechos humanos y usarlos como arma política para deslegitimar a un pueblo en resistencia. Si de verdad se quiere defender a las mujeres saharauis, se debe empezar por respetarlas: no como víctimas eternas, sino como ciudadanas, militantes, líderes, madres, hijas… diversas, complejas, y con voz propia.
Conclusión:
El artículo de El País no defiende la libertad de las mujeres saharauis: la instrumentaliza. Oculta el contexto, borra la ocupación, niega la voz saharaui y demoniza al único representante legítimo del pueblo exiliado. Lo que necesitamos no son reportajes emocionales sin rigor, sino una prensa responsable que denuncie todas las injusticias, incluída la más grave de todas: la ocupación militar del Sáhara Occidental.
PLATAFORMA «No te olvides del Sahara Occidental»