Unión Africana ante una prueba política más: la batalla jurídica por el Sáhara Occidental

El artículo publicado por Africa Intelligence el 20 de febrero de 2026, bajo el título “Sahara occidental : passe d’armes sans vainqueur à l’Union africaine”, describe con detalle una secuencia diplomática y jurídica que, más allá del resultado formal —la retirada de la candidatura saharaui al Consejo de Paz y Seguridad (CPS)— revela la profundidad de la pugna política entre Marruecos y la República Saharaui en el seno de la organización continental.

La cuestión de fondo era la elegibilidad de la República Árabe Saharaui Democrática para integrar el CPS, el órgano más poderoso de la Unión Africana en materia de seguridad. El dictamen jurídico interno, fechado a finales de diciembre de 2025 y elaborado por la jurista tunecina Hajer Gueldich a petición del presidente de la Comisión, Mahmoud Ali Youssouf, señalaba un punto técnicamente delicado: uno de los criterios de elegibilidad exige disponer de misiones permanentes ante la ONU, algo que la RASD no puede cumplir al no ser Estado miembro de Naciones Unidas.

Sin embargo —y aquí radica uno de los elementos centrales del análisis— el propio dictamen no excluía explícitamente a la RASD. El informe constataba una dificultad estructural respecto a uno de los criterios, pero dejaba la apreciación final en manos de los órganos políticos. Es decir: no había veto jurídico automático. La interpretación quedaba abierta.

Retirada táctica y contraataque político

Según detalla Africa Intelligence, la misión saharaui ante la UA decidió retirar su candidatura pocos días antes de la votación, apoyando la opción libia. Pero esa retirada no fue una admisión de inelegibilidad. Al contrario: vino acompañada de una nota verbal en la que la diplomacia saharaui cuestionaba la legalidad de la candidatura marroquí, denunciando la “ocupación ilegal de una parte del territorio de la República saharaui”.

Este movimiento revela dos cosas. Primero, que la batalla no se cerró con una derrota jurídica saharaui, sino con una decisión política estratégica. Segundo, que el debate sobre los criterios de elegibilidad queda abierto para futuras elecciones —la RASD ya ha anunciado que volverá a presentarse en 2028—.

Mientras tanto, Marruecos logró ser elegido, aunque con el número más bajo de votos entre los Estados entrantes (34 votos, apenas por encima del umbral de dos tercios). Este dato, subrayado por los aliados saharauis, relativiza la idea de un respaldo africano contundente a Rabat.

¿Precedente jurídico o arma selectiva?

El texto apunta a un aspecto fundamental: durante casi dos décadas, los criterios formales del CPS no se han aplicado con rigor sistemático. La eventual invocación estricta de estos requisitos únicamente contra la RASD abriría la puerta a acusaciones de doble rasero dentro de la organización.

Este elemento es crucial. Si el criterio de misión permanente ante la ONU se aplica de forma absoluta, afectaría potencialmente a otros Estados en situaciones comparables o con déficits estructurales en alguno de los requisitos. Por ello, el dictamen puede convertirse tanto en un precedente jurídico como en un instrumento político de presión.

Marruecos, reingresado en la Unión Africana en 2017, busca consolidar su influencia en Addis Abeba. El ministro Nasser Bourita desplegó una intensa agenda bilateral durante la cumbre, tratando de construir apoyos africanos favorables a su posición sobre el Sáhara Occidental. Pero, como subraya el propio artículo, varios Estados mantienen una prudente ambigüedad.

Un equilibrio aún inestable

El episodio demuestra que la Unión Africana sigue siendo un espacio de disputa política real sobre el Sáhara Occidental. La pertenencia de la RASD a la organización —en vigor desde 1984— no está jurídicamente anulada ni cuestionada formalmente por ningún órgano decisorio. Pero sí está sometida a presión estratégica.

Al mismo tiempo, el hecho de que el dictamen jurídico no se haya traducido en una exclusión automática confirma que la cuestión sigue siendo, ante todo, política. Y eso implica que los equilibrios africanos continúan abiertos.

En definitiva, más que una “derrota” o una “victoria”, lo ocurrido en Addis Abeba revela una fase de tensión estructural: Marruecos intenta institucionalizar argumentos jurídicos que limiten el margen saharaui, mientras la RASD y sus aliados recuerdan que cualquier aplicación selectiva de normas internas podría erosionar la credibilidad de la propia Unión Africana.

La batalla no ha concluido. Simplemente ha entrado en una nueva etapa.