WSRW publica hoy un nuevo informe que detalla los enormes —y profundamente problemáticos— proyectos de energía renovable que Marruecos está desarrollando en el Sáhara Occidental ocupado.
Sin embargo, bajo esta narrativa de sostenibilidad se esconde una realidad mucho más preocupante. El proyecto liderado por Engie, como otras iniciativas de energías renovables en el Sáhara Occidental, no está situado en Marruecos, sino que está construido en un territorio bajo ocupación militar, sin el consentimiento del pueblo saharaui. Lo que se presenta como una solución climática es, en realidad, un proyecto que refuerza la ocupación ilegal de Marruecos.
En el Sáhara Occidental, la energía renovable se ha convertido en un instrumento estratégico de control. Alimenta industrias que extraen los recursos no renovables del territorio, respalda proyectos agrícolas diseñados para atraer colonos marroquíes y está preparada para abastecer la red eléctrica nacional de Marruecos, suministrando energía a la potencia ocupante —y potencialmente a la UE— en los próximos años. En 2025, las autoridades marroquíes anunciaron que grandes plantas desalinizadoras en Casablanca y Agadir dependerán de la energía eólica procedente del Sáhara Occidental ocupado. La nueva frontera es el hidrógeno verde: Marruecos está posicionando el Sáhara Occidental como una zona clave de producción, un movimiento que podría profundizar los vínculos energéticos internacionales con proyectos construidos sobre territorio ocupado.
El informe que se publica hoy, “Ecoblanqueo de la ocupación”, ofrece la visión más completa hasta la fecha de todos los proyectos de energías renovables existentes y previstos en el Sáhara Occidental.
La energía generada en territorio ocupado aumenta la dependencia de Marruecos respecto al territorio que ocupa, socavando fundamentalmente los esfuerzos de paz liderados por la ONU, orientados a materializar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Marruecos se presenta internacionalmente como un referente en energías renovables dentro de sus compromisos bajo el Acuerdo de París. Sin embargo, se espera que los Estados informen únicamente sobre acciones climáticas realizadas dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. El organismo de la ONU que registra y revisa los avances de los Estados parte, la CMNUCC, ha aceptado no obstante los informes de Marruecos, alegando que no está en posición de evaluar el contenido de las presentaciones. Esta complacencia se ve agravada por el hecho de que los proyectos energéticos de Marruecos solo pueden ejecutarse bajo una ocupación militar que los principales órganos de la ONU han declarado ilegal.
Igualmente preocupante es la conducta de las empresas implicadas. Ninguna de las compañías que participan en la industria de energías renovables dentro del Sáhara Occidental —incluyendo multinacionales como Engie, Enel, Siemens Energy y GE Vernova— ha demostrado haber intentado obtener el consentimiento del pueblo del territorio, tal y como exige el derecho internacional. En su lugar, se refieren a una supuesta “consulta” a los “actores locales” o a la “población”, replicando exactamente el mismo enfoque erróneo adoptado por la Comisión Europea en sus acuerdos comerciales y pesqueros con Marruecos, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegales. El Tribunal dictaminó que una “consulta” a la “población” no puede sustituir al consentimiento requerido del pueblo del territorio, el pueblo saharaui.
De forma alarmante, pese a esta jurisprudencia, la Unión Europea planea ahora apoyar proyectos de energía renovable e infraestructuras en el Sáhara Occidental en el marco del nuevo acuerdo comercial UE-Marruecos, presentándolos como “beneficios para los saharauis”. Al financiar potencialmente proyectos como los descritos en este informe, la UE corre el riesgo de subvencionar directamente la ocupación marroquí y profundizar aún más en el despojo del pueblo saharaui.
Western Sahara Resource Watch (WSRW) pide:
• La retirada inmediata de todas las empresas implicadas en proyectos energéticos en el territorio ocupado;
• El fin de la tergiversación por parte de Marruecos de acciones climáticas realizadas fuera de sus fronteras;
• La suspensión de cualquier apoyo financiero o político de la UE a proyectos de energías renovables en el Sáhara Occidental hasta que el pueblo saharaui haya dado su consentimiento explícito.
“Ecoblanqueo de la ocupación” actualiza el informe publicado por WSRW en 2021 («Greenwashing occupation»), que reveló por primera vez cómo la energía renovable se había convertido en un pilar de la estrategia de ocupación de Marruecos. Desde entonces, la infraestructura renovable de Marruecos en el territorio se ha expandido de manera dramática, profundizando la injusticia que estos proyectos pretenden ocultar.
El Gobierno español se ha visto involucrado cada vez más en esta controvertida industria. En 2025, se anunció que la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) emitiría garantías para apoyar la conexión de grandes parques eólicos a una planta desalinizadora en Casablanca, construida por Acciona. La empresa sevillana Cox construirá otra planta desalinizadora en Agadir. Mientras tanto, compañías como TSK, de Gijón, planean importantes proyectos en los territorios ocupados. Estas actividades se suman al continuo suministro de turbinas por parte de Siemens Gamesa a los parques eólicos de Marruecos en el Sáhara Occidental.
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Origen: Western Sahara Resource Watch | Nuevo informe: ecoblanqueo de la ocupación
