Medio siglo después de su proclamación, la República Saharaui sigue siendo el reflejo de una paradoja internacional: un derecho reconocido y una descolonización bloqueada. El 27 de febrero de 2026 no es solo una efeméride, sino un examen de coherencia para el sistema internacional.

El 27 de febrero de 1976, apenas semanas después de la retirada española y en pleno avance de la ocupación marroquí, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. No fue un gesto simbólico. Fue, ante todo, un acto de preservación jurídica: la afirmación de que el sujeto político saharaui no desaparecía con la retirada de la potencia colonial ni con la ocupación de facto del territorio.

Cincuenta años después, la pregunta no es si aquella proclamación tenía fundamento jurídico. La pregunta es por qué, medio siglo más tarde, el proceso de descolonización del Sáhara Occidental sigue sin culminarse.

La continuidad jurídica

Desde 1963, el Sáhara Occidental figura en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas. Nada en estos cincuenta años ha alterado ese estatus. La Opinión Consultiva de 16 de octubre de 1975 de la Corte Internacional de Justicia descartó la existencia de vínculos de soberanía territorial entre el territorio y Marruecos o Mauritania que pudieran afectar a la aplicación del principio de autodeterminación.

Ese marco sigue vigente.

La proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática debe leerse en ese contexto: como la formalización institucional de un derecho ya reconocido. La admisión de la RASD como miembro de pleno derecho de la Unión Africana en 1982 reforzó su personalidad jurídica en el plano regional. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado, además, que el Sáhara Occidental posee un estatus “distinto y separado” del Reino de Marruecos y que cualquier acuerdo que afecte a sus recursos requiere el consentimiento del pueblo saharaui.

En términos estrictamente normativos, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui no ha sido derogado ni erosionado. No ha habido una revisión jurídica que legitime la anexión. No ha existido un pronunciamiento internacional que altere el marco establecido en 1975. La base legal permanece intacta.

El bloqueo político

Lo que sí ha cambiado es el entorno político.

El alto el fuego de 1991 y la creación de la MINURSO formalizaron el compromiso de celebrar un referéndum de autodeterminación. Tres décadas después, ese referéndum no se ha celebrado. La parálisis no es el resultado de una ambigüedad jurídica, sino de una falta de voluntad política y de la progresiva normalización de una situación de hecho.

El reconocimiento en 2020 por parte de Donald Trump de la supuesta soberanía marroquí sobre el territorio introdujo un factor de desestabilización diplomática. Aunque no modificó el estatus jurídico internacional del Sáhara Occidental, sí evidenció hasta qué punto las dinámicas de poder pueden intentar imponerse sobre la normatividad existente. El posterior alineamiento de algunos gobiernos europeos con la tesis de la “autonomía” marroquí confirma que el conflicto se desplaza cada vez más hacia el terreno de la realpolitik.

Aunque no modificó el estatus jurídico internacional del Sáhara Occidental, sí evidenció hasta qué punto las dinámicas de poder pueden intentar imponerse sobre la normatividad existente.

El resultado es una disociación persistente entre derecho y práctica. La legalidad internacional reconoce un derecho. La política internacional lo bloquea.

Recursos, geopolítica y coherencia internacional

El Sáhara Occidental no es únicamente un expediente colonial pendiente. Es también un territorio con recursos estratégicos —fosfatos, pesca, potenciales minerales críticos— en un contexto global de competencia energética y tecnológica. Esa dimensión explica en parte la resistencia a aplicar de manera coherente los principios jurídicos invocados en otros escenarios.

Aquí emerge una cuestión incómoda para el sistema internacional: la selectividad. Los mismos Estados que reivindican la centralidad del derecho internacional en determinados conflictos tienden a relativizarlo en el caso saharaui. Esa incoherencia erosiona la credibilidad del orden jurídico que dicen defender.

El 50 aniversario no debería convertirse en una mera conmemoración histórica. Debería ser una oportunidad para examinar responsabilidades. La descolonización del Sáhara Occidental no está bloqueada por falta de claridad normativa. Está bloqueada por decisiones políticas concretas.

Medio siglo después

Cincuenta años después de su proclamación, la República Saharaui representa una paradoja del sistema internacional contemporáneo: una entidad cuya base jurídica ha resistido el paso del tiempo, pero cuya efectividad política continúa limitada por un equilibrio de fuerzas desfavorable.

El aniversario no invita al fatalismo ni a la retórica épica. Invita a una pregunta directa: ¿puede el orden internacional permitirse sostener durante medio siglo una situación en la que un derecho reconocido permanece sistemáticamente inaplicado?

El pueblo saharaui no reclama una reinterpretación creativa del derecho internacional. Reclama que las reglas que estructuran el orden internacional no se apliquen por conveniencia, sino por principio.

Y esa diferencia es, precisamente, lo que convierte este 27 de febrero no solo en una fecha simbólica, sino en un recordatorio incómodo para quienes proclaman la primacía de la legalidad internacional mientras toleran su suspensión prolongada.

Victoria G. Corera – Plataforma «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»