La legislación que acaba de aprobar el Parlamento marroquí para delimitar sus fronteras marítimas es el principio de lo que amenaza con convertirse en un largo contencioso diplomático con España
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«No cuesta imaginar las dificultades a las que se enfrentará una futura negociación bilateral a la hora de definir esos espacios marinos teniendo en cuenta que el único procedimiento admitido para alcanzar un acuerdo consiste en la solución que logren alcanzar los Estados concernidos conforme al Derecho Internacional y Convemar», señala Rafael García Pérez, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, en un artículo publicado el pasado junio en la ‘Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos’. Pero «la cuestión de fondo que la doctrina marroquí pretende obviar», añade este experto, es «la existencia del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonizar». La República Árabe Saharaui Democrática promulgó una ley delimitando sus fronteras marítimas y la reivindicación sobre estas aguas está lógicamente asociada al proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Mientras no se resuelva este contencioso, no podrán delimitarse estas aguas.
La explotación de los recursos naturales terrestres y marítimos del Sáhara Occidental por parte de Marruecos es permanente objeto de controversia internacional. Marruecos obtiene del Sáhara Occidental arena (un material esencial para la industria de la construcción), fosfatos (es uno de los mayores exportadores de este mineral) y capturas pesqueras (es el mayor exportador de sardinas en conserva). En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea falló que el acuerdo de pesca entre Rabat y Bruselas no podía aplicarse a las aguas del Sáhara Occidental, «por no formar parte del territorio del reino». Aunque no invalidó el acuerdo y en febrero de 2019 el Parlamento Europeo votó a favor de que se aplicase.
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