Luis Portillo Pasqual del Riquelme* Aunque la ley comunitaria otorgue el derecho de denuncia a sus ciudadanos [ [1] ] , siempre es lamentable que un simple ciudadano de la UE se vea en la tesitura de tener que denunciar la actuación institucional de su propio país -en este caso, España – ante las instituciones comunitarias.
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