Por Sidi Maatala
Bruselas (ECS).- Organizaciones de la sociedad civil saharaui se quejan ante las altas instituciones de la Unión Europea para denunciar la ilegalidad de las actividades económicas de la UE y la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental ocupado, sin el consentimiento del pueblo saharaui, enfatizando que estas actividades ayudan a perpetuar una ocupación ilegal.
Ciento veintiséis (126) organizaciones que representan a una gran parte del pueblo saharaui enviaron una misiva el domingo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el que denuncian las actividades económicas y de explotación de los recursos naturales en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, llamando la atención sobre las inexactitudes de un reciente informe de la UE que alega los «beneficios» de tales actividades.
«Seamos claros y simples: tales actividades son ilegales, ya que no han obtenido el consentimiento del pueblo saharaui y de ninguna manera constituyen una ventaja para ellos. Por el contrario, estas actividades de las instituciones de la UE ayudan a perpetuar una ocupación ilegal, en sí mismo un acto de agresión y participa en los esfuerzos del ocupante, a saber, Marruecos, para consolidar su ocupación en el Sáhara Occidental”, escribieron las organizaciones en su carta.
En este contexto, las asociaciones reafirmaron la «soberanía» y el derecho exclusivo del pueblo saharaui a determinar su estatuto jurídico internacional, incluido el de regular las actividades económicas y las actividades relacionadas con los recursos naturales de su territorio.
«Aceptamos que esta soberanía está encarnada en nuestras instituciones elegidas, incluido el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como un estado por derecho propio (…) así como el Frente Polisario, como único representante del pueblo saharaui de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas”, añaden las organizaciones.
«Las actividades de la UE en el Sáhara Occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui, contravienen directamente la soberanía aceptada que corresponde al pueblo saharaui, en virtud de los artículos 2 y 73 de la Carta de la ONU. Tales actividades contribuyen indirectamente a la erosión de esta soberanía por parte de la potencia ocupante (Marruecos)», advirtieron.
Además, las organizaciones criticaron el informe de la Comisión Europea publicado en diciembre de 2021 titulado «Informe 2021 sobre los beneficios para el pueblo del Sáhara Occidental en relación con la extensión de las preferencias arancelarias a los productos del Sáhara Occidental», indicando que este se utiliza para mantener la ficción de que las actividades de la UE en el Sáhara Occidental son «beneficiosas» para el pueblo saharaui.
«Reclamar un supuesto beneficio para una población bajo ocupación es una visión sesgada, pero reclamar un beneficio para una población que incluiría a ciudadanos extranjeros desplazados y asentados ilegalmente en el Sáhara Occidental (colonos marroquíes), es algo asombroso y no puede ser más que intencional», denuncian.
Como tal, continuó, «es crucial distinguir entre la población presente en el Sáhara Occidental ocupado y el pueblo del Sáhara Occidental», subrayando que el pueblo del Sáhara Occidental es la única entidad a la que se debe abordar y tratar como tal. es el propietario legítimo del territorio.
Afirmando que las actividades de la UE son contrarias a la autodeterminación del pueblo saharaui y, en general, contrarias al derecho internacional, las organizaciones señalaron que las fuentes de datos invocadas en la elaboración del informe son las del estado ocupante, Marruecos.
Además, según las organizaciones, «el informe oscurece la situación jurídica internacional del Sáhara Occidental», ya que no menciona el estatuto jurídico establecido del Sáhara Occidental tras la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y Derecho Internacional y no se hace ninguna consideración de la situación de ocupación del Sáhara Occidental.
Teniendo en cuenta los principios legales que se aplican a las actividades de la comunidad europea y las instituciones de la UE con respecto al Sáhara Occidental, «las instituciones de la UE deben abstenerse activamente de participar en actos de ocupación y anexión, y abstenerse activamente de contribuir materialmente a actos como la crímenes de guerra de saqueo y reasentamiento», según la carta.