El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante una sesión de control al Gobierno en el Senado. E.P./Jesús Hellín

Todo parece indicar que la publicación de esta carta responde en realidad a una jugada más de la diplomacia marroquí. Aunque a estas alturas uno llega a pensar que todo es posible, no parece mínimamente sensato pensar que en plena guerra en el corazón de Europa nuestro país pueda dar un paso tan torpe como grave en relación con un conflicto que dificulta permanentemente sus relaciones internacionales con el vecino del sur. Seguramente se trata de una filtración realizada por la diplomacia marroquí de un documento que debía quedar en el ámbito estrictamente secreto de las relaciones bilaterales. Pero en realidad no es nada nuevo. Desde hace décadas España y la Unión Europea vienen pagando a Marruecos religiosamente el impuesto revolucionario a través, entre otras vías, de los acuerdos de libre comercio y de pesca, o de «aportaciones voluntarias» como la que el gobierno español llegó a hacer cuando Marruecos se pavoneaba públicamente de abrir las puertas de las vallas de Ceuta. Era un equilibrio difícil, pero mal que bien se mantenía.

El reconocimiento por Trump de su soberanía sobre el Sahara Occidental animó al gobierno de Marruecos a apretar las tuercas a España y a la Unión Europea para que hiciera lo propio. En un principio, España se opuso. Con González Laya en el Ministerio de Exteriores, se negó a convertir la Oficina de los Intereses españoles en El Aaiún, que ejercía las veces de consulado oficioso español, en consulado de España en Marruecos. Esta decisión y la de acoger a Brahim Ghali en España, que ingresó en estado grave en un hospital de Logroño, le costaron el cargo a la ministra. Pese a la imagen pusilánime que una vez más daba nuestro país ante el mundo, nadie se inmutó.

Pero lo más sorprendente del contenido de este correo diplomático es que el contexto internacional actual deja en evidencia a nuestro Gobierno. Hace tan solo unos días, Pedro Sánchez decía que la invasión rusa constituía «una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania (…) un ataque frontal a los principios, a los valores que han proporcionado a Europa años de estabilidad y también de prosperidad (…) España comparte con la Unión Europea intereses, pero sobre todo compartimos valores (…) Los valores de la paz, del respeto a la legalidad internacional». Concluía Sánchez afirmando que «estamos comprometidos con la legalidad internacional, y la manera más efectiva de trabajar por esa legalidad internacional es sancionar su violación».

Leer esta declaración y leer a continuación la carta mencionada produce, además de una gran indignación, perplejidad.

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