Carta abierta a los miembros del Gobierno de España:
NO SEAN COMPLICES, MAS TIEMPO, CON LOS CRIMENES DE GUERRA Y GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS PERPETRADOS POR EL REINO DE MARRUECOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL
“Creo en la Justicia, la Verdadera, no aquella que atenta contra la vida y viola derechos. El hombre que ha supervisando mi interrogatorio y mi tortura es el propio director de la prisión, Abderrahman El-Wazna, quien durante mi interrogatorio no mencionó mi relación con el campo de Gdeim Izik, sino que se centró en mi posiciones políticas, mi relación con el Frente Polisario y mi visita a Argelia. Se me reprocha haber visitado Argelia. Participar en una conferencia internacional con la presencia de numerosas personalidades, incluidos embajadores, no es ningún crimen. Aprecio mucho al pueblo de Argelia, el único Estado de la región que no participo en los ilegales acuerdos tripartidos de Madrid mediante los cuales España repartió el Sahara Occidental y condeno a su pueblo a sufrimientos irreparables.”
Declaración de Brahim Sid Ahmed Daddi Ismaili[1] ante el Tribual de Salé, el 20 de marzo de 2017, durante su juicio ilegal. Fue condenado a cadena perpetua por defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Señor Presidente,
Señoras Vicepresidentas,
Señoras y señores miembros del Gobierno de España,
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) ha recibido el anuncio real marroquí del cambio de postura, el 18 de marzo de 2022, con indignación y asombro. Se trata de una puñalada más del Gobierno de España contra las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, de conformidad con la legalidad internacional vigente. Esa misma legalidad que su gobierna reclama enérgicamente en otros cielos y territorios. El derecho de libre determinación le fue reconocido al pueblo saharaui desde 1965 por la Asamblea General de Naciones Unidas[2] quien sigue reafirmando ese derecho en sus resoluciones anuales sobre la cuestión del Sahara Occidental. El derecho a la autodeterminación está ampliamente consagrado en la Carta de Naciones Unidas[3] y la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales El artículo primero de la resolución 1514 (XV), la Asamblea General de la ONU declara que: “La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundial.” El simple hecho de continuar violando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación constituye una negación de todos sus derechos humanos fundamentales. Siendo aun mas grave al tener conocimiento el Gobierno Español del Genocidio al que ha sido sometido en el pueblo saharaui, verdad jurídica avala la propia Audiencia Nacional de España en su Auto de procesamiento 1/2015 del 9 de abril, dictado por el Juez Pablo Ruz. Además, el Gobierno de España tiene amplio conocimiento de las decisiones, opiniones y comunicaciones[4] de los procedimientos especiales quienes han denunciado en numerosas ocasiones las graves y persistes violaciones de derechos humanos.
Durante los últimos 47 años de ocupación, las tropas marroquíes han perpetrado más de 30000 detenciones arbitrarias y 4500 desapariciones forzadas. Se estima a mas de 30000[5] el número de fallecidos del primer periodo de hostilidades hasta el 6 de septiembre de 1991. Con la reanudación de la lucha armada, el 13 de noviembre de 2020, decenas de bajas son deploradas entre ellas 23 civiles[6] deliberadamente asesinados por bombas lanzadas de sofisticados drones marroquíes.
En los territorios ocupados, continúa reinando la represión más cínica y cruel contra cualquier saharaui que reclama pacíficamente sus derechos. Prueba de ello, el asedio y agresiones sexuales, físicas y psíquicas contra Sultana Sid Brahim Jaya durante 482 días. Prueba de ello el secuestro del ciudadano saharaui Lehbib Aghrichi desde el pasado 7 de febrero 2022. Prueba de ello, la grave e inhumana situación que padecen los 43 presos políticos en las cárceles marroquíes.
Ante todo estas graves y persistentes violaciones, la actuación del Gobierno de España ha sido nulo o de complacencia con las actuaciones criminales de Marruecos. Incluso podemos hablar de complicidad, claramente palpable, en lo que concierne:
– – La explotación ilegal de los recursos naturales desde el primer día de la vergonzosa retira del último soldado del Sahara Español, el 26 de febrero de 1976, con el mantenimiento del 35% de la empresa de Fos Bucraa y licencias de pesca para 800 barcos. Este expolio es el resultado de las clausulas secretas de los Acuerdos de Madrid, formalmente denominadas «actas de conversaciones». el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, Sr. Oreja Aguirre, confirmó la existencia de dichos acuerdos durante el debate parlamentario sobre la ratificación del Acuerdo de pesca entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de 1977, refiriéndose a los mismos como «líneas de conducta o directrices»[7]. Dichos acuerdos fueron igualmente evocados durante la intervención del D. Manuel Marín González, diputado del Partido Socialista Obrero Español[8]. Posteriormente, dichos Acuerdos ilegales de pesca fueron automáticamente[9] integrados cuando España adhirió a la Unión Europea arrastrándola en el incumplimiento de la legalidad internacional. Hecho que ha quedado demostrado en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anulo los Acuerdos con el Reino de Marruecos, el pasado 29 de septiembre de 2021, por no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
– – La total desprotección de la población saharaui, facilitando su genocidio y abandonando a su suerte a todo un pueblo en flagrante violaciones contemplas en la Carta de Naciones y en la propia Constitución de España. En efecto, España no ha llevado ninguna gestión diplomática para dar protección ni a los que seguían siendo españoles hasta 1977, cuando de manera unilateral, se les despoje esa nacional ni con la población saharaui en el territorio no autónomo, en virtud de sus obligaciones como potencia administradora. España ni siquiera reacciono cuando se descubrieron fosas comunes donde se hallaron cuerpos con DNI españoles quienes habían siendo fusilados, el 12 de febrero de 1976, cuando aun España seguía en el territorio.
– – La venta y la cesión[10] de armamento al reino de Marruecos que se está utilizando contra el pueblo saharaui.
– – El posicionamiento de España, en el seno del Consejo de Seguridad, a favor del Reino de Marruecos, para evitar que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum de Autodeterminación en el Sahara Occidental (MINURSO) tenga competencias en materia de derechos humanos. Por ello, la MINURSO es la única misión de pazcontemporánea que no tiene facultades en materia de derechos humanos.
(…)
Origen: AFAPREDESA