«España, que, según el derecho internacional, sigue siendo la potencia administradora de su antigua colonia (el Sáhara Occidental), no puede negar unilateralmente sus responsabilidades y obligaciones impuestas por su relación única con la región y sus habitantes», dijo el diplomático saharaui en declaraciones a la agencia argelina APS.
Buchraya destacó que la posición expresada por el gobierno español ha provocado «campañas de condena, rechazo y denuncia por parte de la mayoría de las fuerzas políticas en España», señalando que «más de 11 partidos han exigido la comparecencia, a la mayor brevedad posible, del presidente del gobierno español ante el Parlamento para ser escuchado sobre las razones de esta injustificada marcha atrás».
El representante saharaui en en Europa y la UE aseveró que este nuevo giro en la política española daña cualquier posible y creíble papel de España en la solución del conflicto “debido a su alineamiento con la posición de una de las partes del conflicto».
En declaraciones hechas por autoridades del Frente POLISARIO, el nuevo giro en la postura de España, no supone ni representa un cambio desde el punto de vista del Derecho Internacional. Tampoco incide en la situación jurídica y legal del Sáhara Occidental, territorio no autónomo inscrito en la Agenda de Descolonización de la ONU desde 1963 y considerado por la ONU como una ocupación militar marroquí a la que debe poner fin.