Esta semana hemos sido testigos de nuevos desencuentros en la cuestión del Sahara Occidental. Desde su vuelta al escenario internacional en noviembre de 2020 por los incidentes entre Marruecos y el Frente Polisario en el paso fronterizo de Guerguerat, el conflicto alrededor de los territorios saharauis ha ido aumentando en intensidad y presencia mediática. Desde esa fecha, los acontecimientos se han ido moviendo entre acciones y reacciones políticas, y discusiones en torno al marco jurídico aplicable.
En artículos anteriores ya detallamos las diferencias entre la respuesta que el Derecho Internacional ofrece a este conflicto, que dura ya más de 47 años, y las distintas acciones políticas.
Cronológicamente, desde la ruptura del alto el fuego por el incumplimiento marroquí de los acuerdos militares, ha habido cuatro hitos que han marcado el posicionamiento de distintos actores:
- La declaración de Donald Trump del reconocimiento de la soberanía sobre el territorio.
- La asistencia médica en España a Brahim Gali, afectado por la covid-19.
- La reacción marroquí, diplomática y migratoria.
- El viraje político de la postura del Gobierno español respecto a las posibles soluciones al conflicto.
Incumplimientos del Derecho Internacional
Este cambio de postura no afecta a la naturaleza del territorio del Sáhara Occidental como Territorio No Autónomo, ni al estatus de las partes. Sin embargo, sí que supone un alejamiento del Gobierno español del Derecho Internacional y de las responsabilidades jurídicas como potencia administradora del territorio.
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