El terrible historial de Derechos Humanos de Marruecos, incluida su ocupación colonial del Sahara Occidental y del pueblo saharaui, debería excluirlo de presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma la sociedad civil saharaui: “”Permitir que Rabat ocupe la presidencia del Consejo es como poner al lobo a cuidar de las ovejas.”
Ante la actual campaña de Marruecos para asumir la presidencia anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa miles de denuncias de Derechos Humanos de todo el mundo, la sociedad civil del Sahara Occidental insta al Consejo a rechazar la candidatura de Rabat, señalando la ocupación y colonización de su tierra natal, la falta de cooperación con los mecanismos de la ONU y su ataque y acoso a defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas por el hecho de cooperar con la ONU.
Básicamente, Marruecos ni defiende ni cumple con los estándares de Derechos Humanos requeridos para los miembros del Consejo de Derechos Humanos (ISHR, 2022). Desde que ingresó como miembro en 2022, Marruecos ha intensificado su acoso a periodistas y críticos y continúa deteniendo y sometiendo a periodistas, blogueros y defensores de los Derechos Humanos a juicios injustos. La libertad de prensa está sufriendo una muerte lenta y deliberada en el país, evidenciada por la persecución y el encarcelamiento de periodistas y descrita en el informe de Human Rights Watch “Te atraparán pase lo que pase: el libro de tácticas de Marruecos para reprimir la disidencia”. El desastre de Melilla de junio de 2022, cuando al menos 37 inmigrantes murieron a manos de la policía marroquí en la frontera con España, también mostró cómo Marruecos utiliza las vidas de los inmigrantes como arma política y, según expertos de la ONU, “el status quo de las fronteras de la Unión Europea, sobre todo la exclusión racializada y la violencia letal desplegadas para mantener fuera a las personas de ascendencia africana y de Oriente Medio, así como a otras poblaciones no blancas”, preocupación de la que se hizo eco Amnistía Internacional.
La crisis humanitaria y de Derechos Humanos es aún peor en las partes del Sáhara Occidental que permanecen bajo ocupación marroquí desde 1975. Hasta el día de hoy, Marruecos continúa negando al pueblo del Sáhara Occidental su derecho a la autodeterminación, el prerrequisito y la base sobre la que descansan todos los demás derechos humanos, desafiando abiertamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que desde principios de los años 1990 pedían un referéndum para el pueblo del Sáhara Occidental.
Las autoridades marroquíes continúan acosando a los activistas que apoyan la autodeterminación saharaui, impidiendo reuniones y obstruyendo el trabajo de las organizaciones no gubernamentales locales de Derechos Humanos (Human Rights Watch, 2023), siendo el territorio un práctico “agujero negro informativo” (Reporteros sin Fronteras). Durante los últimos ocho años, se ha impedido el acceso a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la situación se ha visto agravada por la expulsión sistemática de observadores internacionales y la denegación de acceso a organizaciones internacionales, convirtiéndose así la ocupación en un agujero negro militar de Derechos Humanos.
En cuanto al Sahara Occidental, los expertos de la ONU siguen denunciando el carácter sistemático y calculado de las vulneraciones cometidas por el Estado marroquí, afirmando que dichas violaciones forman parte de una estrategia diseñada con el objetivo de intimidar y disuadir a los defensores de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental de ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación y de tomar represalias contra ellos por sus actividades pacíficas y legítimas, incluida la membresía en organizaciones de Derechos Humanos, el intercambio de información y el diálogo con las Naciones Unidas. Marruecos también aparece periódicamente en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las represalias (A/HRC/51/47), que cita con frecuencia actos de represalias contra activistas que cooperan con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“No se puede permitir que un Estado que intenta obstruir el diálogo con la ONU, negándose a implementar y seguir las recomendaciones de los órganos de la ONU e incluso atacando públicamente a los expertos de la ONU a la vez que castiga a los defensores de Derechos Humanos por su participación en el Consejo de Derechos Humanos, actúe como su presidente. Destruirá la legitimidad misma de la que depende el Consejo de Derechos Humanos para sobrevivir, a la vez que abandonará a un pueblo que ha estado bajo ocupación desde 1975”, insta la sociedad civil saharaui.