El Gobierno defiende que tiene una «comunicación, coordinación y cooperación permanente» con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La respuesta la ha dado este martes el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska sobre el caso de los activistas saharauis que piden asilo político en el aeropuerto de Barajas.

Interior ha denegado varias solicitudes pese a que, como informó este medio, cuentan con informes favorables de ACNUR para que se avalen sus peticiones. El ministro ha defendido las actuaciones llevadas a cabo por la oficina de asilo, dependiente de su ministerio. Y además ha destacado que es también el «poder judicial», es decir la Audiencia Nacional, quien decide finalmente sobre cada caso.

Marlaska ha contestado de esta manera en la habitual rueda de prensa celebrada en Moncloa tras el Consejo de Ministros. El ministro ha destacado que sobre este grupo se estudian «individualmente» cada petición de asilo para que «en caso de que proceda» se autorice el reconocimiento de protección internacional o, en caso contrario, autorizar las expulsiones.

«La resolución que se dicta es la resolución que se entiende desde un punto de vista de aplicación estricta del derecho internacional y del derecho humanitario en relación a ser o no acreedor de la protección internacional, conforme al convenio de Ginebra», ha añadido Marlaska.

Este lunes, el Ministerio del Interior intentó deportar a algunos de los 35 saharauis que permanecían retenidos en Barajas. Sin embargo, al menos un grupo de los solicitantes de asilo se negó a embarcarse en el avión y permanece en las instalaciones del aeropuerto.

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