El informe confirma que estos proyectos, que incluyen parques eólicos, instalaciones de energía solar e iniciativas de producción de hidrógeno verde, se implementan sin el consentimiento del pueblo saharaui, lo que constituye una clara violación del derecho internacional y de sentencias clave del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Estas sentencias han reafirmado enfáticamente que Marruecos no tiene soberanía legítima sobre el Sáhara Occidental y que cualquier acuerdo o actividad económica que involucre al territorio sin el consentimiento expreso de sus representantes legítimos carece de validez legal.

El informe señala además que estos proyectos generan beneficios sustanciales para Marruecos, mientras excluyen sistemáticamente al pueblo saharaui de los beneficios económicos.

Además, las oportunidades laborales creadas favorecen predominantemente a los colonos marroquíes, acelerando los cambios demográficos en el territorio ocupado, en contravención directa de la Cuarta Convención de Ginebra.

Los participantes en la conferencia también advirtieron de las graves consecuencias ambientales y sociales vinculadas a los proyectos de energía renovable, en particular en lo que respecta a la producción de hidrógeno verde, que exige vastos recursos hídricos en una región ya de por sí escasa, amenazando así la seguridad hídrica y la sostenibilidad ambiental de la población saharaui.

El informe también expone la implicación de empresas y gobiernos extranjeros, especialmente europeos, en el apoyo a estos proyectos a través de acuerdos con el gobierno marroquí, haciéndolos así cómplices de la explotación ilegal de los recursos naturales saharauis y minando los esfuerzos internacionales para una solución pacífica al conflicto.

Para concluir, el Observatorio Saharaui hace un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a los gobiernos y a las instituciones de inversión, para que detengan inmediatamente todas las actividades económicas relacionadas con la energía en el Sáhara Occidental a menos que cuenten con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo saharaui.

El informe subraya que cualquier transición energética justa y sostenible debe basarse en el respeto al derecho saharaui a la autodeterminación y a la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales.

Coincidiendo con la publicación del informe, SONREP se relanzó oficialmente como institución saharaui especializada en documentar las violaciones ambientales y la explotación de recursos, y en la defensa de la justicia ambiental bajo la ocupación, lo que marca un avance significativo en la lucha del pueblo saharaui por sus derechos en el escenario internacional. (SPS)