En su comunicado de prensa, el Observatorio expresó su profunda preocupación por las revelaciones contenidas en un informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Sra. Francesca Albanese, que indicaba que las autoridades de ocupación marroquíes habían concedido ilegalmente una licencia a NewMed Energy -filial del grupo israelí Delek- para explorar en busca de petróleo frente a las costas de los territorios ocupados.
El Observatorio enfatizó que dichas licencias constituyen una flagrante violación del derecho internacional, dado que Marruecos no tiene soberanía ni autoridad legal sobre el Sáhara Occidental. Reiteró que cualquier explotación de los recursos naturales en la región solo es lícita si se lleva a cabo con el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas, la opinión consultiva de 1975 de la Corte Internacional de Justicia y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La declaración destacó que la participación de una empresa israelí en actividades económicas ilegales en el territorio refleja una doble complicidad colonial entre las potencias ocupantes en Palestina y el Sáhara Occidental, utilizando los recursos naturales como herramienta para afianzar una realidad ilegal y permitir que los sistemas de ocupación eludan la rendición de cuentas.
A la luz del informe de la ONU, el Observatorio Saharaui pidió a las Naciones Unidas, en particular al Consejo de Derechos Humanos, que inicien una investigación formal sobre las actividades de NewMed Energy y todas las demás empresas implicadas en la explotación ilegal de los recursos del Sáhara Occidental, y que exijan responsabilidades a todas las partes implicadas en estas violaciones.
SONREP también destacó el imperativo de que la comunidad internacional, especialmente los Estados miembros de la UE, no reconozcan ni apoyen ninguna actividad económica realizada en el territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui, como único representante soberano y legítimo con derecho a decidir su destino y gestionar sus recursos.
Lanzó una firme advertencia a todos los actores económicos, incluidos los Estados y las empresas multinacionales, sobre los riesgos jurídicos y éticos de entablar asociaciones o acuerdos con las autoridades de ocupación marroquíes en relación con los recursos del Sáhara Occidental, recordándoles que la responsabilidad civil y penal por tales acciones no prescribe con el tiempo.
El Observatorio instó a los medios de comunicación internacionales y a las organizaciones de derechos humanos a visibilizar la dimensión colonial y el saqueo sistemático de las riquezas del territorio, subrayando que estas actividades socavan los esfuerzos de descolonización de la ONU y constituyen una doble violación de la justicia ambiental y los derechos humanos, lo que refuerza un clima de impunidad. (SPS)