Según datos oficiales de la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), citados por el periodista, el valor de las importaciones españolas de productos agrícolas «marroquíes» alcanzó unos 672 millones de euros en los primeros cuatro meses de este año, ascendiendo a 899,5 millones de euros en el primer semestre de 2025, un 33% más que en 2024. Marruecos se sitúa ahora como el primer proveedor de España en este sector en términos de valor.

Aunque Francia sigue liderando el mercado en volumen, Marruecos sigue acortando distancias. El tomate se ha convertido en uno de los temas más sensibles: las importaciones españolas de tomate marroquí aumentaron un 269 % en la última década, pasando de 18 045 toneladas en 2014 a 66 624 en 2024, mientras que las exportaciones españolas de tomate a la UE cayeron un 25 % durante el mismo período. Esto ha acentuado la preocupación de los productores locales por la pérdida de cuota de mercado.

Las asociaciones de agricultores españoles han advertido que parte de la presión sobre los precios en los mercados se debe a la insuficiente supervisión del sistema de precios de entrada en la frontera, en particular en lo que respecta al tomate. Instaron a Bruselas a tomar medidas urgentes para evitar cualquier intento de eludir la normativa.

Por otra parte, el Grupo Saharaui de Monitoreo de Recursos Naturales y Asuntos Legales Relacionados (un grupo oficial saharaui), a través de su presidente, Oubi Buchraya Bachir, declaró a Sahara Press Service (SPS) que «Marruecos continúa su saqueo sistemático de la riqueza del pueblo saharaui mediante la explotación imprudente de las tierras agrícolas saharauis, despojando a los escasos recursos hídricos subterráneos saharauis, que se están desperdiciando y corren el riesgo de agotar rápidamente las reservas. Esto es incompatible con los principios del desarrollo sostenible, así como con las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

El funcionario saharaui también subrayó que «la persistente complacencia de algunos países europeos al tratar los productos de origen saharaui como marroquíes no solo socava los derechos soberanos del pueblo saharaui, sino que también genera una competencia desleal que perjudica a los propios agricultores europeos. Estos productos se benefician de preferencias arancelarias en virtud del acuerdo UE-Marruecos, a pesar de que el Tribunal ha confirmado que el Sáhara Occidental debe ser excluido a menos que el pueblo saharaui y su único representante legítimo, el Frente Polisario, den su consentimiento».

El asunto ha llegado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tras las intervenciones de las eurodiputadas españolas Carmen Crespo (Partido Popular) y Mireia Borrás (Vox). Estas pidieron un seguimiento más estricto del sistema de precios de entrada y una supervisión más estricta del acuerdo agrícola con Marruecos.

Crespo denunció lo que calificó de “desequilibrio inaceptable” que perjudica a los agricultores del sur de España, mientras que ambos eurodiputados subrayaron la necesidad de implementar las sentencias del TJCE sobre la exclusión de los productos del Sáhara Occidental de cualquier preferencia comercial concedida a Marruecos.

Cabe recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia el 4 de octubre de 2024 anulando los acuerdos de pesca y agricultura entre la UE y Marruecos por carecer del consentimiento del pueblo saharaui, cuyo único representante legítimo y legal, el Frente Polisario, fue reconocido por el Tribunal.

El Tribunal reafirmó su decisión del 15 de enero de 2025, estipulando que los productos originarios de los territorios saharauis ocupados deben excluirse de cualquier preferencia aduanera y deben identificarse claramente como originarios del Sáhara Occidental y no de Marruecos.

Este debate vuelve a poner de relieve la dimensión jurídica y política de las exportaciones marroquíes. Tanto agricultores como parlamentarios europeos subrayan que respetar las sentencias del TJUE es condición esencial para garantizar una competencia leal, proteger los derechos del pueblo saharaui sobre sus recursos y defender el derecho de los consumidores europeos a conocer el verdadero origen de los productos que consumen. (SPS)