Por la Plataforma “No te olvides del Sáhara Occidental”
16 de octubre de 2025

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa que insta al Gobierno a oponerse al nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos por incluir productos procedentes del Sáhara Occidental con trato arancelario preferente.
La propuesta, presentada por Vox, fue aprobada parcialmente con los votos de PP, UPN y Sumar, frente a la oposición del PSOE y de sus socios habituales —ERC, Bildu, PNV, Podemos, Junts, BNG y Coalición Canaria—.

El texto aprobado exige cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 4 de octubre de 2024, que declara ilegal la aplicación del Acuerdo de Asociación UE–Marruecos al Sáhara Occidental, al carecer Marruecos de soberanía sobre el territorio y de legitimidad para negociar en nombre del pueblo saharaui.

Un giro inesperado: Sumar vota con la derecha

El apoyo de Sumar al punto referido al Sáhara Occidental ha sorprendido tanto por su contenido como por el contexto.
Aunque la coalición se ha mostrado siempre favorable a la causa saharaui, su coincidencia de voto con PP y Vox resulta políticamente contradictoria, sobre todo en un momento en que la Comisión Europea y Marruecos avanzan en la firma de un nuevo acuerdo que vulnera abiertamente el derecho internacional.

La aprobación de este punto —único superviviente de una moción más amplia presentada por Vox— no implica una alianza ideológica, pero sí revela la ausencia de una política exterior coherente en España, donde el respeto a la legalidad internacional depende más de los equilibrios parlamentarios que de una estrategia de Estado.

El Congreso recuerda que la ley europea es obligatoria

El texto aprobado insta al Ejecutivo a rechazar cualquier modificación del Acuerdo UE–Marruecos que otorgue trato preferente a productos del Sáhara Occidental ocupado.
Con ello, la Cámara reafirma que ningún tratado comercial o pesquero puede aplicarse al territorio saharaui sin el consentimiento del pueblo saharaui, tal como establece la jurisprudencia europea.

La decisión se produce mientras la Comisión Europea tramita de forma opaca una enmienda técnica al Acuerdo de Asociación con Marruecos, destinada a “normalizar” el comercio de bienes procedentes de la ocupación, desoyendo las diez sentencias consecutivas del TJUE que lo prohíben.

Advertencia a Bruselas y a Madrid

El voto parlamentario envía un mensaje directo al Gobierno de Pedro Sánchez y a Bruselas: no es posible seguir comerciando con la ocupación sin vulnerar el derecho internacional.
Desde el Intergrupo “Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui”, diversas formaciones habían pedido ya al ministro José Manuel Albares que rechazara el nuevo acuerdo, denunciando las maniobras de la Comisión y recordando que España, como potencia administradora, tiene una responsabilidad histórica y jurídica que no puede eludir.

En una carta pública, los diputados del intergrupo expresaron su “rotundo rechazo” a cualquier intento de incluir al Sáhara Occidental en acuerdos con Marruecos, y subrayaron que “solo el consentimiento del pueblo saharaui puede dar validez a un tratado que afecte a su territorio o a sus recursos naturales”.

Una victoria parcial, con sombras

El resultado de la votación tiene un alcance limitado, pero simbólicamente relevante.
Por primera vez en esta legislatura, el Congreso ha recordado que España no puede avalar la violación de la jurisprudencia europea ni legitimar el expolio de los recursos saharauis.
Sin embargo, el modo en que se ha alcanzado esta posición —con una propuesta procedente de la extrema derecha y respaldada parcialmente por la izquierda gubernamental— deja un sabor amargo: la defensa del derecho internacional no debería depender del oportunismo parlamentario, sino del compromiso político y moral con la descolonización.

Conclusión: una verdad que se abre paso

Aunque la votación tenga un origen paradójico, su resultado es políticamente significativo.
El Parlamento español, incluso a través de caminos imprevistos, ha recordado que no hay comercio legítimo sin justicia, ni diplomacia posible sin respeto al derecho internacional.

En vísperas del debate del Consejo de Seguridad sobre la renovación del mandato de la MINURSO, la Cámara baja española ha lanzado una señal: el Sáhara Occidental no puede seguir siendo moneda de cambio en los acuerdos con Marruecos.

Cincuenta años después de los Acuerdos de Madrid, esta votación —por contradictoria que sea— confirma algo fundamental:

“La verdad jurídica acaba imponiéndose, incluso cuando la política se resiste a escucharla.”