El juez Calama emitió el pasado mes de febrero una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París encargado de la investigación por la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus con el fin de llevar a cabo un intercambio más amplio de información y así conocer el contenido que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el control interno de dicho software, así como un detalle más amplio sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI).

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que «la Audiencia Nacional aún no ha obtenido respuesta alguna por parte de las autoridades galas, a pesar de que han transcurrido 8 meses desde que el juez Calama pidió a Francia la información recibida sobre el caso Pegasus, que le remitió previamente la empresa israelí NSO Group».