Madrid (España), 26 de julio de 2023 (SPS)- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones de España, Luis Planas, ha generado controversia con sus recientes declaraciones que podrían insinuar una cierta presión sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para obtener un fallo favorable en la batalla iniciada por el Frente POLISARIO contra los acuerdos ilegales suscritos entre la Unión Europea y Marruecos, que incluyen las zonas ocupadas del Sáhara Occidental.
A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su veredicto final sobre el recurso presentado por la Comisión Europea y el Consejo de la UE (liderados por España y Francia) para anular los acuerdos de pesca debido a la omisión del Frente POLISARIO y el consentimiento del pueblo saharaui, el ministro español ha expresado sin rodeos su esperanza de obtener un «fallo positivo del TJUE», asegurando que «esa es la línea de los servicios jurídicos de Bruselas».
Estas declaraciones han suscitado preocupación en diversos sectores, que temen que sus comentarios puedan ser interpretados como un intento de influir en el proceso judicial o como una falta de respeto a la independencia del TJUE.
El delegado del Frente POLISARIO en España, Abdulah Arabi, ha calificado las declaraciones del titular español como «un nuevo intento de insinuar una realidad distorsionada» en un territorio bajo ocupación militar y en vía de descolonización.
En sus declaraciones, Arabi enfatizó que la realidad es clara y ha sido respaldada por la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TGUE). Según el dictamen emitido el 29 de septiembre de 2021, toda actividad económica que tenga lugar en el territorio del Sahara Occidental debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, expresado de manera válida y libre a través de su único y legítimo representante, el Frente POLISARIO.
El representante del Frente POLISARIO señaló que «minimizar la importancia» del papel del Frente POLISARIO en esta cuestión y confiar en la revocación de las sentencias de instancia no está acorde con el marco jurídico aplicable al territorio. Insistió en que tanto el Derecho Internacional como la jurisprudencia del TGUE han establecido claramente las condiciones para cualquier actividad económica en el Sahara Occidental.
Arabi reiteró que el Frente POLISARIO espera que el Tribunal confirme los pronunciamientos de 2021, pero destacó que, independientemente del sentido del dictamen, el pueblo saharaui respetará las decisiones judiciales, como ha hecho durante los 50 años de lucha por la autodeterminación e independencia. Al mismo tiempo, afirmó que se mantendrán alerta para constatar si las demás partes involucradas cumplen con las resoluciones legales o continúan vulnerando los legítimos derechos del pueblo saharaui.
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