Madrid (ECS).- Acento Public Affairs, fundada entre 2018 y 2019 por los exministros Pepe Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), se presenta como una consultora “supraespecializada en asuntos públicos y estratégicos”. Sin embargo, su papel como lobby que reúne a ex altos cargos de ambos grandes partidos ha despertado serias sospechas sobre el funcionamiento real del bipartidismo en España.

    La firma ha incorporado como consejeros a figuras como Valeriano Gómez, Elena Valenciano, José María Lassalle, Elena Pisonero y Esteban González Pons, todos ellos con trayectoria en el PP o el PSOE. Su cartera de clientes incluye grandes empresas, organismos internacionales y, notablemente, la embajada de Marruecos, a la que asesoran en materia agrícola. Esta colaboración ha generado rechazo en sectores agrarios españoles, que ven en ello un conflicto de intereses potencial.

Caso Ábalos–Koldo: presiones, silencios y “el tema de Marruecos”

    Según revelaciones del periodista Unai Cano, el director de Acento, Pepe Blanco, habría ofrecido, junto con el expresidente José Bono, un puesto en consultoría al exministro José Luis Ábalos para garantizar su silencio respecto a gestiones comprometedoras. Esta oferta, según la fuente, habría sido presentada “de parte del presi”.

   Además, se han filtrado grabaciones de conversaciones entre Koldo García (entonces asesor de Ábalos) y el propio exministro, entre ellas una en la que se afirma: “también está el tema de Marruecos, que eso sale y aquí nadie dice nada”.

   Este audio, difundido por The Objective, ha levantado sospechas sobre negocios sensibles con Marruecos, como la adjudicación de una desaladora en Casablanca por 340 millones de euros, ejecutada por Acciona, o posibles gestiones en torno al Mundial 2030 o el túnel bajo el Estrecho.

   Según los informes de la UCO, Koldo y Pepe Blanco mantuvieron al menos ocho reuniones entre 2018 y 2021, muchas de ellas relacionadas con intermediación en contratos públicos.

Presión ‘migratoria’ y repatriaciones (18 de noviembre de 2020)

   En una conversación entre Koldo García y el director general de la Policía, Francisco Pardo, grabada un día antes del viaje de Ábalos a Canarias y paralelo al desplazamiento del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska a Marruecos, se expone el siguiente intercambio:

   Pardo (Policía): “…la frontera… ahí son marroquíes, nos los están mandando desde Marruecos. Y aquí, como están las fronteras cerradas con Marruecos por parte de Europa, no permiten la repatriación.”

   Añade que Marruecos está dejando salir inmigrantes desde el Sáhara Occidental, complicando las repatriaciones.

  Koldo: “Buscaremos también aviones para mandarlos a la península y buscar centros en la península también.”

  Pardo: “Vienen todos bien vestidos, con los móviles (…) no pueden ver es que, entrando por Canarias, llegan a la península.”

   En este diálogo se revela una estrategia logísticamente planificada (aviones con fines migratorios) y un reconocimiento oficial de que Rabat podría estar facilitando el envío de inmigrantes, causando una “presión migratoria”.

   Estas declaraciones coinciden con una crisis en Arguineguín (Gran Canaria) en noviembre de 2020, donde miles de personas quedaron atrapadas en el muelle sin capacidad de repatriación, evidenciando esta presión práctica desde el país vecino.

   La mención se produce justo antes del viaje de Marlaska a Marruecos, lo que sugiere que el Gobierno estaba gestionando el asunto con una agenda política activa en la región.

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