AI reitera su denuncia a la presión ejercida mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades marroquíes contra los presos políticos saharauis | Sahara Press Service

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AI reitera su denuncia a la presión ejercida mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades marroquíes contra los presos políticos saharauis | Sahara Press Service
 

Londres (Reino Unido), 29 de marzo de 2023 (SPS) – La reconocida organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha reiterado su denuncia a la presión ejercida mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades marroquíes contra los presos políticos saharauis que organizan protestas pacíficas y su son sujetos a la detención arbitraria.

En su informe anual 2022-2023, Amnistía Internacional destacó en su informe que “Marruecos continúa sus ataques contra los activistas saharauis en las ciudades ocupadas del Sahara Occidental, donde las manifestaciones organizadas por los activistas saharauis son reprimidas de forma violenta”.

La ONG internacional ha citado “los casos del activista saharaui Abdelmanim Nasiri, agredido en abril por la policía marroquí en la ciudad ocupada de Smara, así como la negativa de las autoridades de ocupación marroquí de registrar a la ONG Asociación Saharauis de Víctimas de las Graves Violaciones de Derechos Humanos (ASVDH) y la obstaculización de su trabajo”.

Amnistía Internacional mencionó también el caso de “una decena de activistas que fueron violentamente tratados por la policía cuando expresaban su solidaridad con la activista Sultana Jay-ya, que fue mencionada por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura”.

En este sentido, la ONG destacó que “las autoridades penitenciarias marroquíes han agredido en varias ocasiones al preso político saharaui Mohamed Lamín Haddi, quien se encuentra en una celda de aislamiento desde el año 2017”.

Por último, Amnistía Internacional resaltó que, “en mayo, la reconocida y defensora de los derechos humanos saharaui, Sultana Jay-ya, fue sometida a arresto domiciliario en su casa desde 2020 y que luego tuvo que trasladarse para España a buscar tratamiento médico por los efectos de las torturas que había sufrido durante las diversas agresiones policiales cometidas durante la período de arresto domiciliario, sin que se llevara ninguna investigación sobre su violación y otras graves violaciones de los derechos humanos que le habían afectado a ella y su familia”. (SPS)

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