- El reportero español especializado en el Magreb es una de las víctimas del espionaje a través del sistema Pegasus según Forbidden Stories y afronta un juicio en España por el hecho de denunciarlo.
- Otros periodistas y activistas que fueron espiados por las autoridades marroquíes se encuentran en prisión en ese país tras juicios manifiestamente injustos.
- El Parlamento Europeo reclamó en enero a las autoridades marroquíes que cesen la vigilancia masiva contra numerosos periodistas, entre ellos al propio Cembrero.
El periodista y escritor españolIgnacio Cembrero espera sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid tras declarar el pasado 13 de enero después de una nueva denuncia por parte del Reino de Marruecos. En esta ocasión, Cembrero no ha sido demandado por su labor periodística como en otras ocasiones, sino por difundir haber sido espiado mediante el software de vigilancia Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
De este modo, el Reino de Marruecos reclama al periodista que se retracte de las afirmaciones en las que vinculaba al gobierno de este país con el espionaje digital del que han sido objeto varios periodistas, abogados y miembros de la sociedad civil. Esta es la cuarta vez que las autoridades marroquíes tratan de acallar al reportero con una demanda como parte de su estrategia de silenciar cualquier voz crítica con sus políticas. En 2014 la Fiscalía General del Estado y la Audiencia Nacional archivaron una denuncia y una querella respectivamente contra él por “enaltecimiento del terrorismo”. Y un año después, un empresario vinculado con los servicios secretos marroquíes le demandó por “intromisión al honor”, cargo del que fue absuelto tras un juicio civil.
“Ignacio Cembrero no tendría que haber tenido que afrontar este juicio absurdo en el que se pide que la posible víctima de un delito como el de espionaje no pueda hablar sobre ello. El acoso y la persecución constante de las autoridades marroquíes a Cembrero deben terminar de forma inmediata, son un ataque a su libertad de expresión y un aviso a cualquiera que quiera informar sobre sus políticas”, defendió el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
Desde esta organización piden no solo “la lógica absolución” del periodista, sino también que el gobierno español promueva que la Fiscalía realice una investigación independiente sobre el espionaje al que habría sido sometido.
Espionaje, persecución y cárcel
El juicio a Ignacio Cembrerocoincidió el pasado mes con laresolución del Parlamento Europeoen la quese exige a las autoridades marroquíes que cesen la vigilancia masiva contra periodistas, entre otros al periodista español, presumiblemente mediante el uso del programa Pegasus, y respeten la libertad de expresión en su país.
En el mes de julio de 2021, el consorcio Forbidden Stories, una organización sin ánimo de lucro, denunció el espionaje a 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países, y alertó a Ignacio Cembrero de que era víctima de espionajemediante Pegasus, así como a políticos y activistas de la sociedad civil.
Pero las autoridades marroquíes no se han detenido en la vigilancia ilegítima, sino que han continuado la persecución y el acoso contra figuras que les resultan incómodas como el periodista y defensor de derechos humanos Omar Radi, quien fue condenado a seis años de cárcel por cargos de violación y espionaje en un juicio claramente injusto. Actualmente,Radi está encarcelado por el ejercicio de su profesión, tras informar sobre las protestas de Hirak El-Rif o las corrupciones de estado, al igual que otros periodistas críticos como Taoufik Bouachrine o Soulaiman Raissouni.
“Es urgente la anulación de todas las sentencias condenatorias impuestas a Omar Radi, pues tienen una motivación política y violan su derecho a la libertad de expresión. Solo un juicio justo puede garantizar que se hace justicia tanto con Omar como con la persona que lo denunció por violación”, reclamó Beltrán.
Espionaje y demandas judiciales sin fundamento también han ido de la mano en los casos del abogado y defensor de los derechos humanos Abdessadak El Bouchattaoui y del académico Maati Monjib. El primero, abogado y defensor de los derechos humanos, formó parte del equipo legal de las personas encarceladas tras las protestas en Hirak El-Rif a lo largo de 2016 y 2017. Ese mismo año fue condenado a 20 meses de prisión por publicaciones en internet en las que criticaba el uso de la fuerza en las manifestaciones, y posteriormente huyó exiliado a Francia. Amnistía Internacional pudo comprobar cómo su teléfonorecibió mensajes con enlaces a sitios web relacionados con el programa Pegasus durante el apogeo del movimiento Hirak El-Rif.
Por su parte, Maati Monjib, fundador de la ONG Freedom Now, dedicada a la protección de los derechos de periodistas y escritores, fue acusado en 2015 de “atentar contra la seguridad interior del Estado” mediante “propaganda”. Desde ese año, Maati cree que ha estado bajo vigilancia digital, algo que también confirmó la sección de tecnología de Amnistía Internacional. En 2021 fue condenado nuevamente por fraude y blanqueo de dinero, en una causa que se remontaba a 2015. En marzo del mismo año salió en libertad, pero se mantienen contra contra él acusaciones de blanqueo de dinero y se le ha retirado el pasaporte, por lo que corre el riesgo de volver a ser detenido y de que se reanude el juicio.
Ante esta “doble represión” formada por el espionaje y la persecución judicial, Amnistía Internacional se une a la reciente resolución del Parlamento de la UE en la que se pide a los Estados Miembro que dejen de exportar tecnología de vigilancia a Marruecos ya que, según la entidad, contribuye a unavigilancia ilegítima que puede considerarse como crónica por parte de las autoridades y los servicios secretos del país.
Información complementaria:
En 2021 elProyecto Pegasuspuso en evidencia cómo gobiernos de todo el mundo estaban utilizando este invasivo programa espía para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes y lideresas políticos, periodistas y profesionales del derecho.
Este software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, permite al atacante tener acceso total a mensajes, correos electrónicos, medios de comunicación, micrófono, cámara, llamadas y contactos del teléfono atacado.
En la actualidad hay investigaciones abiertas y causas judiciales contra NSO Group pendientes de resolución en Francia, India, México, Polonia y España. En marzo de 2022, el Parlamento Europeo estableció la Comisión PEGA, resultado directo de las revelaciones del Proyecto Pegasus en julio de 2021, para investigar el empleo de Pegasus y de otros programas espía en Europa.