Durante su mandato completo de dos años (enero de 2024–diciembre de 2025) como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Argelia ha mantenido una línea política clara y sostenida: la defensa del derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la reivindicación del Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización. A las puertas del final de este mandato, varios medios argelinos han publicado balances que coinciden en un punto esencial: Argelia ha utilizado su presencia en el principal órgano ejecutivo de Naciones Unidas para anclar el debate en la legalidad internacional frente a los hechos consumados.
Esta posición no se ha expresado de manera aislada. Durante estos dos años, Argelia ha desempeñado además un papel central como coordinador del grupo A3+ en el Consejo de Seguridad —que reúne a Argelia, Sierra Leona, Somalia y Guyana—, trabajando para convertirlo en una voz africana coherente y eficaz capaz de defender los intereses del continente, corregir desequilibrios persistentes en el seno del Consejo y reforzar el peso de África en las grandes negociaciones multilaterales.
Desde esta responsabilidad, Argelia reafirmó de forma constante su voluntad de consolidar una acción africana común, en línea con las directrices del presidente Abdelmadjid Tebboune orientadas a la promoción de la paz y la seguridad en África. Esta dinámica quedó reflejada, entre otros hitos, en la reunión consultiva organizada a principios de diciembre en Argel entre los miembros del A3+ y los nuevos Estados electos al Consejo para el mandato que comenzará en enero de 2026, celebrada al margen del 12º Seminario de Alto Nivel sobre Paz y Seguridad en África (Proceso de Orán). El objetivo fue claro: garantizar continuidad, transferencia de experiencia y coordinación política.
“Con la salida de Argelia del Consejo de Seguridad, el Sáhara Occidental pierde una voz firme en defensa del derecho y de la autodeterminación; la ocupación permanece, pero también la obligación de la comunidad internacional de no mirar hacia otro lado.”
A lo largo de su mandato, Argelia movilizó activamente al grupo A3+ en torno a las principales crisis africanas inscritas en la agenda del Consejo, defendiendo de forma sistemática el principio de “soluciones africanas para problemas africanos”. Esta línea se tradujo en posiciones firmes sobre Libia, reclamando el respeto a su soberanía e integridad territorial, el cumplimiento del embargo de armas y la retirada total de fuerzas extranjeras; sobre Sudán, insistiendo en que el diálogo es la única salida posible al conflicto armado; y sobre Sudán del Sur, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, donde el grupo subrayó la protección de la población civil como prioridad central.
Este marco de actuación permite entender mejor la postura argelina respecto al Sáhara Occidental. Lejos de aceptar narrativas que reducen el conflicto a una “disputa regional”, Argelia ha defendido de forma coherente que la autodeterminación no es una concesión política ni un obstáculo para la estabilidad, sino un principio fundamental del derecho internacional. Su firmeza en este ámbito se inscribe en una visión más amplia: la de un Consejo de Seguridad que no puede gestionar los conflictos africanos al margen del derecho, ni normalizar ocupaciones mediante soluciones impuestas.
La salida de Argelia del Consejo de Seguridad, prevista para finales de diciembre, abre una incógnita inquietante. La experiencia de estos dos años demuestra hasta qué punto la presencia —o la ausencia— de determinadas voces condiciona el enfoque del órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales. Sin una defensa firme del principio de autodeterminación y de la legalidad internacional en su seno, el riesgo de que el Sáhara Occidental sea tratado como un expediente gestionable y no como un proceso de descolonización inconcluso es real.
Por eso, el balance que hoy se traza no es solo retrospectivo. Es también una advertencia política: mientras la ocupación continúe y el pueblo saharaui no haya podido ejercer libremente su derecho a decidir, el Sáhara Occidental seguirá siendo una prueba de credibilidad para Naciones Unidas. Durante dos años completos, Argelia ha optado por situarse del lado del derecho y de las causas justas. La pregunta que queda abierta es quién asumirá ahora esa responsabilidad.
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