El Aaiún ocupado, 3 de enero de 2026 (SPS) – La Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Marruecos (ASVDH) ha condenado la política aplicada por el Estado ocupante marroquí en la parte ocupada del Sáhara Occidental, basada en la confiscación de tierras saharauis y en la privación del pueblo saharaui de sus derechos históricos y legales sobre ellas, en flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional.
En un comunicado emitido el jueves, la ASVDH denunció que “la ocupación marroquí recurre al despojo de los legítimos propietarios saharauis de sus tierras y recursos en el marco de una realidad de ocupación impuesta sobre los territorios ocupados, basada en una lógica colonial que somete la tierra a procedimientos administrativos y jurídicos impuestos por la fuerza, utilizados para excluir a la población autóctona y permitir que sus empresas y los colonos introducidos en el territorio ocupado se apropien de tierras que no les pertenecen”.
La asociación señaló que “esta política sistemática se ha convertido en un instrumento de expolio y de legitimación de la apropiación, mediante la ignorancia deliberada del derecho y de las normas internacionales, y la imposición de leyes y procedimientos administrativos carentes de toda legitimidad jurídica o internacional, en clara violación del derecho de propiedad, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”.
La ASVDH considera que estas prácticas tienen como objetivo “modificar la estructura demográfica y económica del territorio ocupado, fomentando el asentamiento de colonos y facilitando su control sobre la tierra y los recursos, a costa del desplazamiento de los saharauis y del despojo de sus derechos y de sus medios de subsistencia. Esto constituye una grave vulneración de los derechos de la población indígena y del derecho inalienable del pueblo saharaui a su tierra, a sus recursos, a la autodeterminación y a la libertad”.
La organización hizo un llamamiento a los organismos internacionales y a los mecanismos de las Naciones Unidas competentes en materia de derechos humanos para que intervengan de manera urgente y pongan fin a la política de confiscación de tierras saharauis en el Sáhara Occidental.
Asimismo, reafirmó que la imposición de una “política de hechos consumados mediante leyes politizadas o procedimientos administrativos” no modificará el estatuto jurídico del territorio ni la legitimidad de la causa saharaui, subrayando que la tierra “seguirá siendo el núcleo del conflicto y una de las manifestaciones más evidentes de las violaciones continuadas contra el pueblo saharaui”.
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