La propuesta marroquí de autonomía ocupa hoy una posición central en las conversaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental. Gobiernos de distintos países la presentan como una base seria, realista o viable para alcanzar un acuerdo y esas fórmulas se repiten con frecuencia en comunicados diplomáticos, declaraciones oficiales y documentos políticos. Sin embargo, hay una pregunta previa que rara vez se formula: ¿qué están respaldando exactamente esos gobiernos cuando el texto actual de la propuesta no está disponible públicamente?

Durante casi veinte años la referencia fue clara. Marruecos presentó en abril de 2007 ante Naciones Unidas una iniciativa de autonomía para el Sáhara Occidental y ese documento podía leerse. Era breve, apenas cinco páginas, y establecía las grandes líneas de un eventual estatuto para el territorio bajo soberanía marroquí. Reservaba al Estado central competencias esenciales como la defensa, las relaciones exteriores o determinadas atribuciones constitucionales y religiosas del rey y preveía instituciones propias para el territorio.

Aquella propuesta podía ser apoyada, criticada o rechazada, pero tenía una ventaja elemental: era pública. Permitía saber qué ofrecía Marruecos y sobre qué se estaba hablando.

La situación empezó a cambiar después de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, aprobada en octubre de 2025. Poco después, el propio Gabinete Real marroquí anunció expresamente la “actualización y formulación detallada” de la iniciativa de autonomía y abrió un proceso de consultas con los partidos políticos para elaborar una versión más desarrollada. Desde ese momento, la pregunta ya no puede limitarse al texto de 2007.

Durante las conversaciones celebradas en 2026 han circulado informaciones sobre una versión mucho más amplia y detallada, con desarrollos institucionales, económicos, electorales y de seguridad que no figuraban con ese grado de concreción en la propuesta original. Pero esa versión actual no puede consultarse públicamente en su integridad.

Y ahí aparece el problema de fondo. En los últimos años se han multiplicado las declaraciones de gobiernos que respaldan la autonomía marroquí empleando fórmulas muy parecidas: “seria”, “creíble”, “realista”, “viable” o “base para una solución”. Pero repetir una fórmula diplomática no permite saber si quien la pronuncia ha leído el documento actual, si conoce sus disposiciones concretas o si está expresando simplemente un apoyo político general a la posición defendida por Marruecos.

Ese matiz es importante porque respaldar la idea de una autonomía no equivale necesariamente a conocer el contenido preciso de la autonomía que hoy se estaría proponiendo.

España ofrece un ejemplo especialmente claro. Pedro Sánchez anunció en marzo de 2022 que España consideraba “la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007” como “la base más seria, creíble y realista” para resolver la cuestión del Sáhara Occidental. Lo hizo expresamente refiriéndose al documento de 2007, el único existente entonces en términos públicos y oficiales.

Más de tres años después, Marruecos anunció oficialmente que iba a actualizar y detallar esa iniciativa. La posición española, sin embargo, ha seguido manteniéndose favorable a la propuesta marroquí. La pregunta es inevitable: ¿conoce el Gobierno español el texto actual que Marruecos estaría defendiendo en las conversaciones de 2026?

Puede conocerlo. Puede haber tenido acceso a él por canales diplomáticos. Pero eso no consta públicamente. Y mientras el documento no sea accesible, tampoco puede saberse si España respalda exactamente la versión desarrollada en 2026 o si continúa respaldando políticamente la idea general de autonomía que asumió en 2022.

La misma pregunta puede hacerse respecto a otros países. Cuando un gobierno declara su apoyo a “la iniciativa marroquí de autonomía”, convendría saber de qué iniciativa está hablando exactamente. ¿Del texto público de 2007? ¿De una nueva versión que habría conocido de manera reservada? ¿O simplemente de la fórmula política de una autonomía bajo soberanía marroquí? No todas esas cosas son lo mismo.

Las declaraciones diplomáticas responden además a relaciones bilaterales, equilibrios regionales, intereses estratégicos y peticiones de apoyo entre gobiernos. Eso no invalida necesariamente esos respaldos, pero sí obliga a distinguir entre una adhesión política y una valoración informada de un documento concreto.

Porque una autonomía no se define por una palabra. Se define por quién tendría capacidad legislativa, qué competencias permanecerían en manos de Rabat, cómo se elegirían las instituciones del territorio, quién controlaría los recursos naturales, qué sistema electoral existiría, qué papel tendría la población refugiada, quién podría participar en una eventual consulta y qué garantías internacionales acompañarían cualquier acuerdo.

Esos detalles son precisamente los que determinan si una autonomía es amplia, limitada, negociable, reversible o simplemente una reorganización administrativa dentro de un marco ya decidido. Y esos detalles son los que hoy no puede examinar la opinión pública.

La paradoja resulta evidente: cuanto más apoyo internacional recibe la propuesta marroquí, menos posibilidad existe de conocer públicamente el texto que se supone que esos gobiernos están respaldando.

La cuestión adquiere todavía más importancia después de la votación del 15 de octubre en la Cuarta Comisión de Naciones Unidas. El texto respaldado por 152 países mantiene al Sáhara Occidental dentro del proceso de descolonización, reafirma el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia y recuerda que las distintas opciones para la libre determinación son válidas cuando responden a los deseos libremente expresados del pueblo afectado.

Por eso, antes de discutir si la autonomía marroquí es suficiente, insuficiente, aceptable o negociable, hay una pregunta mucho más elemental que debería poder responderse: ¿qué contiene exactamente el texto actual de la propuesta marroquí y quiénes de los gobiernos que la respaldan lo conocen realmente?

Por ahora, al menos para la opinión pública, solo hay una certeza: ese texto no es público.

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