Esta expulsión es un acto inaceptable de represión y un intento más de bloquear la labor pacífica de observación internacional frente a las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo saharaui: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, juicios sin garantías y persecución constante de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

Tras su retorno a Canarias, los activistas han condenado enérgicamente esta actuación y se ha denunciado que Marruecos impide de forma reiterada el acceso a delegaciones y organizaciones solidarias para silenciar a la población saharaui y ocultar la represión que ejerce sobre ella, reafirmando su “firme compromiso con los Derechos Humanos, con la solidaridad con el pueblo saharaui y con su derecho inalienable a la autodeterminación, reconocido por el Derecho Internacional y exigiendo el fin de la ocupación, la liberación de los presos políticos saharauis y la celebración de un referéndum libre y con garantías, tal y como establecen las resoluciones de la ONU”. (SPS)