Si 2025 ha vuelto a demostrar algo con claridad es que la cuestión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental sigue siendo el gran ángulo muerto del sistema internacional. Mientras Marruecos ha intensificado su ofensiva diplomática para consolidar una apariencia de normalidad política sobre el territorio ocupado, la realidad cotidiana para la población saharaui ha continuado marcada por la represión, la persecución judicial y la ausencia total de mecanismos internacionales de protección efectivos.

A lo largo del año, las organizaciones saharauis de derechos humanos, así como medios independientes y plataformas internacionales, han documentado detenciones arbitrarias, condenas desproporcionadas, hostigamiento policial y restricciones sistemáticas a la libertad de expresión, reunión y manifestación. Casos como los de jóvenes activistas, estudiantes o familiares de desaparecidos —entre ellos las madres que siguen exigiendo verdad y justicia por sus hijos— han vuelto a poner de relieve una represión estructural que no responde a episodios aislados, sino a una política sostenida de control y castigo.

Uno de los elementos más graves sigue siendo la impunidad. Quince años después del asesinato de Saïd Dambar, y décadas después de las desapariciones forzadas documentadas desde los años setenta, el Estado marroquí continúa sin rendir cuentas. No hay investigaciones independientes, no hay reparación, no hay garantías de no repetición. El mensaje es claro: en el Sáhara Occidental ocupado, la violencia institucional no solo se tolera, sino que se normaliza bajo la cobertura del silencio internacional.

A esta represión interna se suma en 2025 un bloqueo informativo cada vez más sistemático. Según datos recopilados por organizaciones saharauis de derechos humanos y ONG internacionales, al menos entre 25 y 30 periodistas, observadores internacionales, activistas y defensores de derechos humanos han sido expulsados, devueltos en frontera o impedidos de acceder al Sáhara Occidental ocupado a lo largo del año. Se trata de una cifra prudente, basada únicamente en casos documentados públicamente, y que no incluye intentos frustrados de entrada que no llegaron a hacerse visibles. Esta práctica no es coyuntural: forma parte de una política deliberada de control del territorio y de su relato.

Entre los casos más significativos de 2025 figuran varias expulsiones de periodistas europeos que se desplazaron al Sáhara Occidental con el objetivo de informar sobre la situación de los derechos humanos. En julio, dos periodistas españoles y un activista de derechos humanos fueron interceptados en El Aaiún, sometidos a vigilancia y obligados a abandonar el territorio sin explicación formal, tras ser declarados personas no gratas. Episodios similares se repitieron con periodistas italianos y con miembros de delegaciones civiles europeas, expulsados pocas horas después de su llegada o directamente deportados desde el aeropuerto.

Estos casos no son excepciones, sino expresiones visibles de una política sostenida. Desde hace años, Marruecos impide sistemáticamente el acceso al territorio a la prensa internacional, a observadores independientes y a organizaciones de derechos humanos, convirtiendo al Sáhara Occidental en uno de los territorios más opacos del mundo en términos informativos. El objetivo es claro: evitar la observación directa, limitar la documentación independiente y preservar un relato oficial que no resiste el contraste con la realidad sobre el terreno.

El resultado es un apagón informativo estructural que alimenta la impunidad. La expulsión de observadores no solo vulnera la libertad de información, sino que refuerza el aislamiento de la población saharaui y dificulta cualquier mecanismo de rendición de cuentas. En este contexto, el silencio no es una ausencia involuntaria: es una herramienta política.

Este silencio se ve reforzado por una anomalía persistente: la MINURSO sigue siendo la única misión de paz de Naciones Unidas sin mandato para supervisar los derechos humanos. En 2025, pese a los reiterados llamamientos de organizaciones internacionales, asociaciones de juristas y actores de la sociedad civil, el Consejo de Seguridad volvió a eludir esta cuestión. La renovación técnica del mandato se impuso, una vez más, a cualquier avance sustancial en materia de protección de la población civil.

La estrategia marroquí ha sido doble. Por un lado, reforzar el control interno mediante un aparato policial y judicial cada vez más intrusivo; por otro, proyectar hacia el exterior una imagen de estabilidad, modernización y “normalidad”, apoyándose en grandes eventos, campañas de comunicación y alianzas políticas. En este contexto, los derechos humanos y la libertad de información no son daños colaterales: son obstáculos que se intenta neutralizar para sostener un relato político incompatible con la realidad del terreno.

Frente a ello, el pueblo saharaui ha seguido mostrando una resistencia cívica notable. A pesar de la represión y del aislamiento informativo, continúan las denuncias, los testimonios, el trabajo de documentación y la apelación constante al derecho internacional. Esta resistencia no armada, sostenida en condiciones extremadamente adversas, constituye uno de los elementos más incómodos para quienes intentan presentar el Sáhara Occidental como un “conflicto superado”.

El balance de 2025 en materia de derechos humanos es, por tanto, profundamente preocupante. No porque falten normas, principios o resoluciones, sino porque falta voluntad política para aplicarlos. Mientras la comunidad internacional siga tolerando la expulsión de observadores, el silencio mediático y la ausencia de protección internacional, la represión seguirá siendo el precio que paga el pueblo saharaui por ejercer un derecho tan básico como reclamar su libertad. Y ese silencio, lejos de ser neutral, se convierte en una forma de complicidad.

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