A lo largo de 2025, Marruecos ha profundizado en una estrategia ya conocida: consolidar la ocupación del Sáhara Occidental mediante la explotación económica del territorio y la implicación de actores externos. Bajo el discurso del “desarrollo”, Rabat ha presentado proyectos de infraestructuras, energías renovables, agricultura intensiva y plataformas logísticas como prueba de una supuesta normalización. Sin embargo, lejos de resolver el conflicto, esta política ha vuelto a poner en evidencia el carácter ilegal de la ocupación y la centralidad del expolio como instrumento político.

El año ha estado marcado por un choque cada vez más visible entre esa estrategia económica y el marco jurídico internacional. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reiteran la necesidad del consentimiento del pueblo saharaui para cualquier actividad económica en el territorio, han seguido siendo ignoradas en la práctica. Pese a ello, han servido para reforzar la posición saharaui y para evidenciar la fragilidad legal de los acuerdos comerciales y de inversión que incluyen recursos del Sáhara Occidental. 2025 ha demostrado que la ocupación puede imponer hechos sobre el terreno, pero no puede transformarlos en legalidad.

La llamada “economía de la ocupación” ha tenido también un claro componente geopolítico. Grandes proyectos —puertos, corredores energéticos, inversiones verdes— han sido utilizados para atraer apoyos políticos y silencios cómplices, especialmente en Europa y en determinados países africanos y del Golfo. El Sáhara Occidental se ha convertido así en una pieza dentro de estrategias más amplias de control de rutas comerciales, energía y recursos naturales, en las que el pueblo saharaui queda deliberadamente excluido como sujeto de derecho.

Frente a este escenario, 2025 ha sido también un año de mayor visibilización del expolio. Informes de organizaciones internacionales, campañas de denuncia y el trabajo constante de medios saharauis e independientes han contribuido a desmontar el relato del “desarrollo beneficioso”. Cada vez resulta más evidente que estas actividades no buscan mejorar las condiciones de vida de la población saharaui, sino afianzar la ocupación, alterar la demografía y crear intereses económicos que dificulten una solución basada en la autodeterminación.

El balance del año confirma una realidad incómoda para Marruecos y sus aliados: la ocupación del Sáhara Occidental no se legitima con inversiones ni con megaproyectos. Al contrario, cuanto más se intensifica el expolio, más se refuerza la dimensión colonial del conflicto y más se expone la contradicción entre los discursos de sostenibilidad, legalidad y cooperación internacional y la práctica real sobre el terreno. En 2025, la economía no ha cerrado el conflicto; lo ha hecho más visible.

Victoria G. Corera

Plataforma NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL