El año 2025 concluye sin que el conflicto del Sáhara Occidental haya encontrado una vía de resolución, pero también sin que la ocupación marroquí haya logrado consolidarse como un hecho aceptado y cerrado. Lejos de los discursos triunfalistas que hablan de “estabilidad”, “desarrollo” o “normalización”, el balance del año confirma una realidad más compleja y contradictoria: la ocupación se mantiene, pero no se legitima; se refuerza en lo material, pero se debilita en lo jurídico y en lo político. Este décimo balance no es solo el cierre del año, sino también la síntesis de una serie que ha puesto de relieve las tensiones estructurales que atraviesan el conflicto.

A lo largo de 2025, Marruecos ha intensificado una estrategia ya conocida: desplazar el centro del conflicto desde el derecho internacional hacia la geopolítica y la economía. Inversiones, acuerdos comerciales, proyectos energéticos y alineamientos diplomáticos han sido presentados como pruebas de una supuesta irreversibilidad de la ocupación. Sin embargo, los distintos balances sectoriales han mostrado que esta estrategia no resuelve el conflicto, sino que lo desplaza y lo disimula. La ausencia de un proceso de autodeterminación sigue siendo el núcleo del problema, por más que se intente diluirlo en narrativas regionales que conectan el Sáhara Occidental con el Sahel, Oriente Próximo o las rutas energéticas globales.

El análisis del año ha evidenciado también el papel central de los silencios y las ambigüedades internacionales. En 2025, el apoyo explícito a Marruecos ha sido limitado y condicionado, mientras que la mayoría de los actores internacionales han optado por una posición de bajo perfil, evitando confrontar abiertamente la ilegalidad de la ocupación. Este silencio, lejos de ser neutral, ha funcionado como un elemento clave de la normalización: no legitima jurídicamente la ocupación, pero facilita su continuidad. Al mismo tiempo, ha dejado al descubierto un doble rasero evidente en la defensa del derecho internacional, aplicado con firmeza en unos escenarios y relativizado en otros.

Uno de los ejes más claros del balance de 2025 ha sido la dimensión económica de la ocupación. El expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental se ha consolidado como una herramienta política central, orientada a crear hechos consumados y a implicar a actores externos en la gestión del territorio ocupado. Sin embargo, este mismo terreno económico se ha convertido en un espacio de vulnerabilidad para la estrategia marroquí. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea siguen marcando un límite jurídico claro: el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto, y cualquier actividad económica requiere el consentimiento de su pueblo. En lugar de cerrar el conflicto, la economía lo ha judicializado aún más.

El balance de 2025 ha puesto igualmente de relieve que la represión y la vulneración de derechos humanos siguen siendo un componente estructural de la ocupación. La imagen de estabilidad proyectada hacia el exterior contrasta con la realidad cotidiana en los territorios ocupados: vigilancia, persecución de activistas, expulsión de observadores y bloqueo informativo. Esta dimensión, a menudo relegada a un segundo plano en los debates diplomáticos, es esencial para comprender por qué la normalización solo puede sostenerse desde el silencio y la invisibilización.

Frente a esta estrategia de desgaste y dilución, 2025 también ha confirmado la persistencia del pueblo saharaui como sujeto político. Pese al bloqueo del proceso de paz, la causa saharaui no ha desaparecido del derecho internacional, de los tribunales, ni de los espacios de solidaridad, cultura y cooperación. La resistencia no se expresa únicamente en términos militares o diplomáticos, sino también en la defensa de la memoria, en la acción jurídica y en una red internacional que sigue cuestionando la ocupación y sus relatos justificativos.

En este contexto, la interposición de un nuevo recurso del Frente Polisario contra el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, anunciada a finales de 2025 y notificada ya en los primeros días de 2026, adquiere un valor que va más allá de lo inmediato. Este paso confirma que el frente jurídico seguirá siendo uno de los principales escenarios del conflicto en el próximo año. Lejos de aceptar los hechos consumados, el pueblo saharaui continúa utilizando las herramientas del derecho internacional para impugnar acuerdos que pretenden normalizar la ocupación por la vía económica.

Como balance de los balances, 2025 deja una conclusión clara: la estrategia de normalización de la ocupación no ha logrado cerrar el conflicto, solo lo ha desplazado y tensionado. De cara a 2026, el Sáhara Occidental se enfrenta a un escenario incierto, marcado por la persistencia del bloqueo político, pero también por las grietas cada vez más visibles de la ocupación. Mientras el derecho a la autodeterminación siga sin materializarse, ninguna alianza, inversión o silencio podrá convertir la ocupación en una solución.

PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»