La Unión Europea intenta convertir una ilegalidad en política de cooperación: pagar con fondos europeos la explotación de un territorio ocupado para eludir las sentencias del Tribunal de Justicia.
El artículo publicado por Africa Intelligence el 24 de octubre de 2025, bajo el título “Au Sahara occidental, Bruxelles se lance dans un périlleux exercice budgétaire”, confirma con detalle lo que el movimiento saharaui y numerosos juristas europeos llevan años denunciando: la Unión Europea está construyendo un sistema paralelo de legitimación de la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. Detrás de un lenguaje técnico —“redistribución de beneficios”, “mecanismo de compensación”, “proyectos de desarrollo”— se esconde una maniobra que pretende burlar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y mantener los flujos comerciales con Marruecos como si nada hubiera pasado.
Según el artículo, Bruselas y Rabat han acordado que la totalidad de los fondos destinados a compensar los beneficios derivados de la explotación del Sáhara Occidental serán financiados por la Comisión Europea, no por Marruecos. La UE, que en teoría debería garantizar el cumplimiento del derecho internacional, se convierte así en cómplice financiera del expolio. Los fondos, que se destinarán a sectores como la irrigación, las energías renovables o la desalación, serán gestionados bajo la supervisión de la Dirección General de la Comisión para el Norte de África (DG MENA). Pero Africa Intelligence deja claro que las empresas beneficiarias son marroquíes o extranjeras asociadas a la monarquía, como Nareva, filial del holding real Al Mada, adjudicataria de la planta de Dajla. Ninguno de estos actores representa al pueblo saharaui ni tiene legitimidad sobre el territorio ocupado.
La idea de “proporcionar ventajas concretas y verificables a las poblaciones saharauis” —condición establecida por el TJUE para cualquier acuerdo comercial— se vacía aquí de sentido. El artículo admite que los supuestos beneficiarios no serán los saharauis, sino las empresas que operan en la ocupación, y que el dispositivo “sigue siendo ambiguo y por definir”. Es decir, Bruselas reconoce que no puede garantizar ni el control ni la transparencia de un mecanismo que viola abiertamente la jurisprudencia europea. Bajo el pretexto de “desarrollo”, la UE está financiando proyectos de infraestructura que consolidan el control marroquí sobre el territorio.
Más aún, el texto señala que el cálculo de esos “beneficios a redistribuir” podría basarse en una fórmula tan cínica como reveladora: la diferencia entre los derechos de aduana que se habrían cobrado si los productos saharauis no se hubieran incluido en el acuerdo con Marruecos y los que efectivamente se pagan. En otras palabras, Bruselas compensará al “pueblo saharaui” con el dinero que Marruecos y las empresas europeas han ahorrado gracias a comerciar ilegalmente con un territorio que no les pertenece. No es un mecanismo de justicia: es un trueque de culpabilidad.
El artículo confirma también que la Comisión Europea y Marruecos se han dado un plazo de dos meses —hasta finales de diciembre— para concretar los detalles, justo en paralelo al debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la renovación del mandato de la MINURSO. Esa coincidencia no es casual: mientras en Nueva York se discute la legalidad del proceso político, en Bruselas se redefine su dimensión económica. Es la misma estrategia que Europa ha seguido durante años: sustituir la autodeterminación por la “cooperación técnica”, y el derecho internacional por la gestión contable del expolio.
Resulta particularmente grave que el artículo mencione como beneficiarios también a los refugiados saharauis de Tinduf, incluyendo a la Dirección General de Ayuda Humanitaria (DG ECHO) y a la de Educación y Cultura (DG EAC) como responsables de “intensificar la ayuda” en los campamentos. Presentar la ayuda humanitaria —que es una obligación humanitaria, no una contraprestación comercial— como parte del equilibrio económico de un acuerdo de libre comercio es una manipulación ética y jurídica sin precedentes. Equivale a compensar la ocupación con alimentos y becas, como si los derechos de un pueblo pudieran canjearse por ayudas de subsistencia.
Africa Intelligence señala finalmente una cuestión esencial: el monto total de los beneficios no está definido y dependerá de revisiones anuales entre Bruselas y Rabat. Esto implica que el volumen de la “compensación” crecerá al ritmo del propio saqueo: cuanto más se exploten las tierras, los tomates o el fosfato saharaui, mayor será la cantidad destinada a lavar la conciencia europea. Es la institucionalización del círculo vicioso de la ilegalidad.
El Frente POLISARIO, como representante legítimo del pueblo saharaui, no ha sido consultado ni informado oficialmente sobre este mecanismo. El artículo menciona su “aceptabilidad incierta”, pero la posición saharaui no deja lugar a dudas: ningún acuerdo que incluya al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui tiene validez jurídica. Así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Africano de Derechos Humanos y las propias Naciones Unidas. Europa lo sabe. Y, sin embargo, sigue actuando como si el derecho internacional fuera una cláusula opcional.
El “ejercicio presupuestario” que describe Africa Intelligence es, en realidad, un ejercicio de cinismo político. La Comisión Europea, atrapada entre la presión de los lobbies agrícolas, las demandas de Marruecos y las sentencias judiciales, ha optado por una vía imposible: pagar para seguir incumpliendo la ley. Mientras los europeos financian la ocupación, los saharauis continúan pagando con su libertad.
Bruselas puede llamar a esto “equilibrio”, “compromiso” o “solidaridad”, pero en esencia es lo mismo de siempre: una Europa que se dice defensora del derecho internacional, pero que en el Sáhara Occidental prefiere mirar hacia otro lado, siempre que los tomates sigan llegando y los contratos sigan firmándose.
Por la Plataforma “No te olvides del Sáhara Occidental”