La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha hecho un llamamiento a los diputados y diputadas del Parlamento Europeo a «rechazar la descarada propuesta de la Comisión para cambiar las normas de etiquetado europeas de frutas y hortalizas, una modificación que se plantea para favorecer a las grandes empresas que producen en el Sáhara Occidental, supone una traición a las personas consumidoras y productoras e ignora la sentencia del TJUE al respecto».

“Estamos vigilantes ante la votación clave de mañana en el Pleno del Parlamento Europeo”, ha señalado Andrés Góngora, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG. “La posición de los europarlamentarios puede resultar un punto de inflexión en este asunto. La defensa de los intereses de la agricultura y el consumo europeos pasa por un rechazo contundente a las pretensiones de la Comisión y el Consejo”.

Desde COAG explican que el Pleno del Parlamento Europeo puede aceptar o rechazar la adopción por parte de la Comisión de un Reglamento Delegado por el que se modifican las normas de comercialización de la UE para las frutas y hortalizas. Esta norma, hecha a medida de las peticiones de Marruecos, introduce una excepción sin precedentes a las normas de la UE que ahora establecen que los productos vendidos en el mercado de la UE deben indicar su país de origen. Sin embargo, la modificación permitiría que, para los productos procedentes del Sáhara Occidental, los productos no se etiqueten con el país de origen, sino con la región de origen, concretamente El Aaiún-Sakia El Hamra y Dajla-Ued Eddahab. Ahora el Parlamento Europeo debe decidir si permite esta modificación, que forma parte de las cesiones de la UE a Marruecos en el marco de la revisión del Acuerdo UE-Marruecos para su adaptación a las sentencias del pasado octubre de 2024 que lo anulaban.

Desde COAG argumentan que las razones para pedir a los eurodiputados y eurodiputadas que rechacen la propuesta de la Comisión «son múltiples, y la principal es la defensa de los intereses de las personas productoras y consumidoras europeas, frente a afán liberalizador de grandes empresas y las cesiones en contra del pueblo saharaui».

Pero, además, consideran que «el Reglamento Delegado contraviene las sentencias vinculantes del TJUE: el Tribunal de Justicia ha sido inequívoco. El Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y la indicación del país de origen que debe figurar en los productos procedentes de este territorio sólo puede designar al Sáhara Occidental como tal».

Creen que «se genera un precedente peligroso abriéndose la puerta a otros casos futuros. Mientras que los productos europeos se deben etiquetar siempre bajo el nombre del país, las producciones de importación podrían señalar regiones o localidades a su antojo. De esta forma, se genera competencia desleal para la producción europea. Por añadidura, los correspondientes certificados de conformidad de estos productos con las normas UE podrán ser emitidos por las autoridades marroquíes, lo cual supone una cesión de competencias inaceptable».

Añaden además que «la Comisión ha admitido sin tapujos que la excepción es resultado de las negociaciones con Marruecos. La pasada semana, en la Comisión de Agricultura del propio Parlamento Europeo, la Comisión declaró que «la opción por la indicación del origen regional ha sido el resultado de negociaciones con Marruecos». Resulta indignante y absolutamente rocambolesco que la Comisión Europea negocie con un tercero la aplicación de una sentencia del Tribunal de la UE. No se puede permitir que un tercer país influya o modifique las normas internas de protección de los consumidores de la UE».

Para COAG, «la propuesta induce a error a los consumidores de la UE: el objetivo del etiquetado de origen es proporcionar información clara y veraz. En cambio, los nombres de las regiones marroquíes propuestos ocultarían el verdadero origen (Sáhara Occidental); confundirían a los consumidores (los nombres son prácticamente desconocidos); y crearían la falsa impresión de que los productos proceden de Marruecos. No existe base jurídica ni institucional para redefinir el origen mediante un acuerdo internacional. Las normas internas de etiquetado de la UE nunca se han modificado para adaptarse a un acuerdo comercial con un tercer país. Y esta modificación supondrá una nueva derrota jurídica. De nuevo, la Comisión opta por la senda que le llevó a la anulación repetida de los acuerdos entre la UE y Marruecos por parte del TJUE tras las denuncias presentadas».

Por todo ello, COAG llama a apoyar las objeciones al Reglamento Delegado, para defender el Derecho de la UE, proteger a personas consumidoras y agricultoras, así como preservar la integridad del papel del Parlamento dentro del ordenamiento jurídico de la UE.

Por su arte, AGAMA, a través de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las objeciones presentadas al Reglamento Delegado (UE) 2025/2429 de la Comisión de 3 de octubre de 2025 por el Partido Popular europeo referente a la indicación obligatoria del origen de las frutas y hortalizas frescas originarias del territorio no autónomo del Sáhara Occidental y que se votarán este miércoles, insta a los europarlamentarios a votar favor para que los temas sobre acuerdos comerciales que hacen referencia al pueblo saharaui se trate con él y se cumpla la sentencia del TJUE de 4 de octubre de 2024.

AGAMA considera que las objeciones presentadas, que se votarán este miércoles 26 de noviembre, «representan una oportunidad para hacer valer la sentencia y poner, de alguna manera, en evidencia el artificio legal que se buscó la Comisión Europa para ignorarla, faltando al consentimiento del pueblo saharaui e incluyendo el territorio como marroquí».

La organización agraria critica que el etiquetado en origen propuesto por la Comisión es «un parche y que no corrige la presión de los agricultores europeos ni protege de ninguna manera a los saharauis».

En este sentido, insiste en que «para que la política comercial sea justa y sostenible, son necesarias salvaguardias reales, calendarios de importación que eviten la saturación del mercado, controles más estrictos en frontera y la implementación de cláusulas espejo que garanticen que los productos importados cumplen con los mismos estándares que los de la UE».

“La propuesta de la Comisión, al no incluir estas medidas, es una traición a los principios de lealtad comercial y a la soberanía alimentaria europea”, comentan desde la organización. “No puede ser que Europa siga vendiendo a sus agricultores con este descaro, ignorando sentencias y apoyándose no sabemos en qué tejemanejes para salir airosa”, señalan.

La organización se ha dirigido por carta a los europarlamentarios para que voten a favor de las objeciones presentadas, para que el Reglamento Delegado no entre en vigor y que se pueda reconfigurar el acuerdo con Marruecos sin ignorar al pueblo saharaui y en condiciones más justas.

AGAMA recuerda que, según datos de FEPEX, indica que hasta agosto de 2025, las importaciones españolas de frutas y hortalizas frescas procedentes de Marruecos alcanzaron 416.559 toneladas, lo cual representa un crecimiento interanual del 34% en volumen. Respecto a esto, uno de los productos que se ha visto más perjudicado ha sido el tomate, cuya importación en 10 años ha subido un 269%.

La organización señala que, al compartir calendarios con determinadas zonas como Andalucía, que es la comunidad autónoma más afectada por las preferencias arancelarias para los productos hortofrutícolas procedentes de Marruecos y del Sáhara Occidental, «se estaría dando una competencia desleal objetiva. La entrada masiva de género importado en plena campaña, producido con costes laborales y exigencias fitosanitarias muy inferiores a las europeas, provoca hundimientos de precios y pérdida de competitividad, que afectan a prácticamente todo el territorio, fundamentalmente en Almería por los productos de invernadero, tomate, pimiento o pepino, en Huelva, con fresas y frutos rojos, o en Sevilla y Córdoba, por cítricos y hortalizas».

Finalmente, AGAMA añade que «este modelo de competencia desleal amenaza miles de empleos en invernaderos, explotaciones, cooperativas, almacenes de manipulado y transporte, poniendo en riesgo la viabilidad económica de comarcas enteras y debilitando la soberanía alimentaria andaluza, española y europea».