Que no se utilice, en sus conversaciones, los derechos del pueblo saharaui, como “moneda de cambio” a la hora de llevarnos bien con el Régimen marroquí. No sería admisible, en esta nueva etapa, con un nuevo Gobierno, adoptar un silencio cómplice ante las continuas violaciones de los Derechos Humanos que se producen diariamente en el Sahara Occidental.
No se puede seguir repitiendo, que sobre el Sahara seguimos con nuestra tradicional “política de Estado“…que consiste en la defensa de los intereses de las empresas españolas como excusa y pretexto ante esta grave e injusta situación. Entendemos y pedimos que un Gobierno progresista debe asumir. también,una nueva política exterior en relación al Sahara Occidental que incluya el respeto de los Derechos Humanos y la legalidad internacional por encima de otros intereses y presiones que nunca debieron socavar la responsabilidad del España y su obligación de poner fin al último proceso de descolonización pendiente en el continente africano. El prestigio internacional del Estado español está en juego, pues el mantenimiento de posturas vergonzantes siempre afecta a toda la sociedad. Este viaje es una buena ocasión para defender la legalidad internacional, el respeto a las Resoluciones de la Naciones Unidas y de la Unión Africana sobre la necesidad de celebrar un referéndum en el que el pueblo saharaui decida libremente su futuro.
Está bien que la Ministra hable de todos los temas de interés entre dos Países vecinos y “amigos”, que es parte importante de nuestra política exterior y de cooperación; pero le pedimos que no se olvide de los y las saharauis, muchos de los cuales tienen o han tenido D.N.I. español, un pueblo hermano con el que tenemos una deuda pendiente y una responsabilidad tras nuestro vergonzante abandono.
El Estado español sigue siendo la potencia administradora del proceso de descolonización inconcluso del Sahara Occidental. Hoy nadie discute ya que el Derecho internacional está abiertamente del lado del pueblo saharaui, que optó en el año 1991 por la suspensión de la lucha armada, confiando en las promesas hechas por las Naciones Unidas de hacer un referéndum para decidir libremente su futuro…¿no son acaso posible la decencia y el respeto a la legalidad internacional?…confiamos en que si, las Naciones Unidas y el Estado español pueden demostrarlo, se lo debemos a la justicia, pero sobre todo a nuestra propia dignidad.
CEAS-SAHARA
21/01/2020