Carlos C. García – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL
La Ley de Nacionalidad Saharaui podría afrontar por fin su recta final parlamentaria. Después de más de dos años de tramitación y de un largo periodo de bloqueo en la Comisión de Justicia del Congreso, fuentes de Sumar señalan que la norma podría someterse a votación en un pleno extraordinario previsto para el próximo 23 de julio, siempre que se cumplan los plazos anunciados.
El cambio de escenario llega apenas un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmara públicamente en el Congreso que es «totalmente favorable» a conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española. «No hay ningún bloqueo», aseguró el ministro durante la sesión de control al Gobierno, en una declaración que supone un cambio de tono respecto a la situación mantenida durante los últimos meses.
La proposición de ley, impulsada por Sumar, pretende reconocer la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 —cuando el territorio era administrado por España—, así como a sus descendientes. La iniciativa fue admitida a trámite con una amplia mayoría parlamentaria, aunque posteriormente quedó paralizada durante más de un año en la Comisión de Justicia.
Según publica El Independiente, la ponencia parlamentaria volverá a reunirse la próxima semana para concluir el trabajo pendiente. Si el calendario previsto se cumple, el texto podría llegar al Pleno extraordinario del Congreso el 23 de julio para su votación definitiva.
El posible desbloqueo se produce tras semanas de presión política por parte de Sumar y de otras formaciones parlamentarias, que habían acusado al PSOE de retrasar deliberadamente la tramitación para evitar tensiones diplomáticas con Marruecos. La exclusión de los saharauis de la regularización extraordinaria de inmigrantes y las recientes críticas por la política española respecto al Sáhara Occidental habían incrementado aún más esa presión.
No obstante, las declaraciones de Albares muestran que el Gobierno mantiene una posición compleja. El ministro reiteró también que España debe conservar «la mejor relación posible» con Marruecos por los intereses compartidos entre ambos países, insistiendo en que el Ejecutivo continúa respaldando el proceso impulsado por Naciones Unidas para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.
Si finalmente la votación se celebra el 23 de julio y la ley obtiene el respaldo de la mayoría parlamentaria que ya apoyó su tramitación inicial, miles de saharauis nacidos durante la administración española y sus descendientes podrían ver reconocida una reivindicación histórica largamente esperada.