Durante los últimos meses han comenzado a multiplicarse los análisis sobre el creciente desarrollo turístico impulsado por Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado, especialmente en la región de Dajla. Algunos estudios económicos publicados en Canarias plantean incluso la posibilidad de que este nuevo destino pueda competir en los próximos años con parte de la oferta turística del archipiélago. Más allá de esa competencia económica, la cuestión de fondo es otra mucho más importante: ¿puede una ocupación utilizar el turismo para consolidar una situación que el derecho internacional sigue considerando pendiente de descolonización?
Diversos medios especializados en economía y turismo han analizado recientemente los ambiciosos objetivos fijados por Marruecos para desarrollar la costa atlántica del territorio ocupado. Las inversiones en infraestructuras, hoteles, deportes náuticos, puertos y conexiones aéreas forman parte de una estrategia destinada a presentar Dajla como uno de los grandes destinos turísticos del Atlántico africano durante la próxima década.
En Canarias, algunos observadores ya se preguntan qué impacto podría tener ese crecimiento sobre un sector que constituye uno de los principales motores de la economía insular. Las comparaciones entre el desarrollo turístico del sur de Gran Canaria y los proyectos previstos para Dajla empiezan a aparecer con cierta frecuencia en la prensa económica, planteando escenarios de competencia futura entre ambos destinos.
Sin embargo, reducir el debate a una cuestión de competencia turística sería quedarse únicamente en la superficie del problema. El elemento esencial sigue siendo el estatuto jurídico del territorio. El Sáhara Occidental continúa figurando en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas pendientes de descolonización y la ONU no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio. Tampoco las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han alterado esa realidad jurídica al reafirmar que el Sáhara Occidental posee un estatuto separado y distinto de Marruecos.
Desde esa perspectiva, el desarrollo turístico plantea interrogantes que van mucho más allá de la economía. ¿Puede una potencia ocupante utilizar grandes inversiones, nuevas infraestructuras y millones de visitantes para reforzar sobre el terreno una situación cuya legalidad sigue siendo objeto de controversia internacional? La respuesta jurídica continúa siendo negativa. Ningún proyecto económico modifica por sí mismo el estatuto internacional de un territorio.
La historia ofrece numerosos ejemplos de territorios donde la ocupación ha ido acompañada de políticas de colonización económica, demográfica o urbanística. El turismo puede convertirse en una herramienta más dentro de esa estrategia de normalización, proyectando hacia el exterior una imagen de estabilidad y desarrollo que, sin embargo, no resuelve la cuestión política de fondo.
Por ello, el debate no consiste únicamente en saber cuántos turistas podrán visitar Dajla dentro de diez años o si determinados destinos competirán con Canarias. La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿puede el éxito económico sustituir al derecho internacional?
Hasta ahora, la respuesta sigue siendo la misma. Ninguna inversión hotelera, ningún puerto deportivo y ningún plan turístico pueden sustituir el ejercicio del derecho de autodeterminación reconocido al pueblo saharaui por Naciones Unidas. El desarrollo económico puede transformar un paisaje; no puede convertir una ocupación en soberanía ni cerrar un proceso de descolonización que continúa abierto desde hace medio siglo.