La energía verde se considera la solución a muchos de los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos. Puede representar un cambio en el paradigma energético y una forma de democratizar la producción de energía y abrir nuevos espacios para la autonomía del consumo por parte de las comunidades locales, pero, en nuestros tiempos, esto se utiliza más a menudo como pretexto por parte de los lobbies capitalistas verdes para sobrepasar la soberanía territorial e instaurar la privatización y la extracción de valor. El caso del Sáhara Occidental es claro: dos tercios del territorio están ocupados por el ejército marroquí desde 1975 y ahora la principal herramienta discursiva de Marruecos para continuar con la ocupación se ha convertido en la transición verde. Es lo que llamamos colonialismo verde.

La invasión de los ex territorios coloniales españoles de Saguia el Hamra y Río de Oro comenzó en noviembre de 1975, pocas semanas antes de que muriera el dictador español Francisco Franco. En los meses siguientes, el ejército marroquí utilizó napalm y una violencia devastadora para ocupar esos territorios y obligó a miles de saharauis a huir y refugiarse en Argelia y luego en Europa. El Frente Polisario, activo desde 1973, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) independiente en febrero de 1976 y, ese mismo mes, el rey de Marruecos firmó un tratado con España y Mauritania en el que ambos anunciaban la anexión de las tierras en las fronteras marroquíes compartidas con Mauritania. Unos años más tarde, Mauritania se rindió al Polisario y retiró su ejército, el ejército marroquí entró en la zona y la ocupó para controlar la costa hasta Guerguerat.

Desde la década de 1980, el ejército marroquí empezó a construir un enorme muro de arena para estabilizar la línea del frente con la zona en la que actuaba el Frente Polisario. Hoy en día, ese muro es el más largo del mundo, con más de 1.700 km de barreras y 7 km2 de zonas minadas alrededor. El coste de mantenimiento y defensa del muro es de 91 millones de euros diarios, lo que supone 637 millones de euros semanales. Para recaudar esta enorme cantidad de dinero, el Reino de Marruecos explota y exporta los recursos saharauis -pescado y fosfatos- y se ha convertido en el mayor mercado de fosfatos, y el segundo de pescado después de China. Estos recursos se venden ilegalmente a través de empresas marroquíes. Los recursos se extraen en un territorio reconocido por el derecho internacional como pendiente de autodeterminación y donde el Reino de Marruecos no tiene soberanía jurídica.

Corrupción

Varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han dificultado la entrada de empresas europeas en el comercio de recursos saharauis. Un tratado de libre comercio de pescado y arena con corporaciones europeas fue sentenciado ilegal por el Tribunal Europeo en 2015; para el Reino Unido eso supuso la salida total del Sáhara Occidental de las empresas británicas hasta 2021. Para evitarlo, Marruecos cambió su estrategia de relaciones internacionales, recurriendo a una diplomacia más agresiva en Europa y en todos los espacios internacionales.