Denunciar la represión en Marruecos es necesario. Pero vincularla con la ocupación del Sáhara Occidental es imprescindible para entender la verdadera cara del régimen alauí: un sistema que solo puede sostenerse gracias a la violencia, la censura y la complicidad de quienes prefieren mirar hacia otro lado mientras se consolidan los negocios sobre la sangre y la libertad de todo un pueblo.
Muchos (ya era hora) se acaban de enterar de la naturaleza criminal del régimen marroquí tras la brutal represión de las recientes manifestaciones. Lo que ha ocurrido en Rabat, Casablanca o Marrakech no es un accidente ni una excepción, sino la expresión visible de un sistema político construido sobre la violencia, la ausencia de libertades y la negación de derechos básicos. Marruecos presenta hacia el exterior la imagen de un país “estable” y “socio estratégico”, pero esa fachada se sostiene sobre cárceles, tribunales sumisos y cuerpos policiales utilizados como herramienta de terror contra la ciudadanía.
Conviene recordarlo: así, y peor, ha sido la represión durante décadas contra el pueblo saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Desde la invasión de 1975, las fuerzas de ocupación marroquíes han aplicado un régimen de violencia sistemática: miles de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, torturas documentadas incluso por la ONU, detenciones arbitrarias de activistas pacíficos y juicios-farsa que acaban en condenas desproporcionadas. Casos emblemáticos como el de los presos políticos de Gdeim Izik son solo la punta del iceberg de un entramado represivo que permanece oculto a los ojos de gran parte de la opinión pública internacional.
Las organizaciones de derechos humanos lo han denunciado una y otra vez. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y hasta el Parlamento Europeo han señalado en distintos informes la represión marroquí contra saharauis y contra cualquier voz disidente dentro de sus fronteras. Sin embargo, esos informes son ignorados por los gobiernos occidentales que, en lugar de exigir rendición de cuentas, premian a Rabat con acuerdos comerciales, inversiones y un estatus de “socio privilegiado” en el marco de la Unión Europea.
Lo que la sociedad internacional empieza a descubrir ahora en Marruecos –la violencia policial contra sus propios ciudadanos– el pueblo saharaui lo viene sufriendo desde hace casi medio siglo. La diferencia es que, en el Sáhara Occidental, la represión va acompañada del expolio sistemático de recursos naturales y de la construcción de un muro militar de 2.700 kilómetros, uno de los más largos y minados del mundo, que divide familias y convierte la ocupación en un laboratorio de apartheid y control militar.
Denunciar la represión en Marruecos es necesario. Pero vincularla con la ocupación del Sáhara Occidental es imprescindible para entender la verdadera cara del régimen alauí: un sistema que solo puede sostenerse gracias a la violencia, la censura y la complicidad de quienes prefieren mirar hacia otro lado mientras se consolidan los negocios sobre la sangre y la libertad de todo un pueblo.
Plataforma «No te olvides del Sahara occidental»