Hay más, pero el olvido del pueblo saharaui tiene un valor añadido para el Estado español. El acercamiento y la pleitesía sumisa del Gobierno de Sánchez y del ministro Albares al régimen de Mohamed VI les condena aún más a una suerte incierta, pero siempre mala. A los gobiernos y a las instituciones se les llena la boca con el término derechos humanos, aunque la realidad sea mucho más oscura. El día a día está lleno de situaciones que confirman ese deterioro con la complicidad geopolítica internacional. Y el Gobierno de Sánchez, con su ministro Marlaska a la cabeza, está siendo estos días uno de esos paladines de la democracia que se pasan por el forro los derechos democráticos y los derechos humanos cuando hay otros intereses que consideran superiores.

La decisión de devolver a Marruecos a 10 activistas saharauis retenidos en Barajas desde hace días tras negarles el Gobierno su solicitud de asilo es inaceptable. La devolución a manos del régimen alauita supone poner en riesgos sus vidas, su integridad física y su libertad. En el grupo hay también mujeres y niños y niñas enfermas que necesitan atención hospitalaria. Todavía más inhumano. “Si el gobierno español nos entrega a Marruecos, seremos desaparecidos, nos secuestraran para siempre… aquí hay mujeres y niños enfermos. Solo pedimos protección”, es el testimonio de una de las mujeres que Marlaska quiere entregar a Marruecos.

Siempre que hay un asunto oscuro que salpica al Gobierno en el ámbito de la vulneración de los derechos humanos aparece cerca Marlaska, que acumula un largo historial. Denegarles ese permiso al que tienen derecho en su condición de personas perseguidas por su condición saharaui por el Estado marroquí es también una decisión política del Gobierno de Sánchez que, en el fondo, supone aceptar las amenazas fanfarronas de Marruecos y humillar los derechos humanos ante un régimen totalitario. También aceptar el chantaje y hacer el trabajo sucio de la persecución del pueblo saharaui a Mohamed VI. Siempre aparece como excusa alguna supuesta razón de Estado que se sitúa por encima de los seres humanos.

Todavía hoy, en medio de una guerra conscientemente silenciada en Occidente, 180.000 personas siguen refugiadas en los territorios liberados en el desierto y decenas de miles más perseguidas, encarceladas y sometidas a la violación sistemática de derechos humanos, especialmente las mujeres y los jóvenes, en las zonas ocupadas por Marruecos. En este caso, además con España incumpliendo sus obligaciones históricas, políticas y diplomáticas como Estado responsable de la descolonización de ese territorio. ¿O les diferencia algo de los miles de personas ucranianas, por ejemplo, acogidas? La posición del Gobierno español es difícil de creer.