El Defensor del Pueblo rompe su silencio en medio la crisis que ha desatado la negativa del Ministerio del Interior a conceder protección internacional a los solicitantes de asilo saharauis que durante semanas han permanecido retenidos en el aeropuerto de Barajas. Tras la deportación a Marruecos este viernes de 16 de los solicitantes, maniatados con bridas y entre denuncias de agresiones y condiciones insalubres, Ángel Gabilondo ha exigido al ministro Fernando Grande-Marlaska que rectifique en su política de denegaciones masivas a los saharauis y que permita la entrada en el país de los que siguen en la sala de inadmitidos.

En un escrito remitido a la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), Gabilondo asegura haber trasladado a la dirección general de Protección Internacional la sugerencia de que “se autorice la entrada al territorio de todas la personas originarias del Sáhara Occidental que se encuentran actualmente en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, al haberse iniciado de oficio un procedimiento de reconocimiento del estatuto de apátrida en el puesto fronterizo del mencionado aeropuerto, a fin de asegurar la continuación del procedimiento con plenas garantías, de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, con el mencionado Real Decreto y con la Sentencia número 1091/2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta, de 23 de julio de 2020”.

La dirección, dependiente del Ministerio del Interior, no ha respondido al Defensor del Pueblo. El departamento que dirige Grande-Marlaska también ignoró años atrás la recomendación del Defensor de no asignar intérpretes de origen marroquí o en dariya -el dialecto árabe empleado en Marruecos- a los solicitantes saharauis por el evidente contexto de conflicto entre ambos territorios y la obligación que protege la ley de que los solicitantes de asilo presten declaración con garantías y en un entorno que genere confianza.

“Esta actuación no suspenderá en ningún caso los plazos para interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que estime oportunos ni la ejecución de las resoluciones o actos afectados”, subraya el alto comisionado de las cortes generales a propósito de la crisis que desde hace semanas tiene como escenario el aeropuerto madrileño. A primera hora del viernes Interior ejecutó una orden de expulsión enviando a 16 activistas saharauis en un avión comercial con destino a Marrakech. Los solicitantes fueron obligados a subir maniatados con bridas de plástico y se contrató a una empresa de seguridad marroquí para el vuelo. Dos de los solicitantes fueron detenidos e interrogados por la policía marroquí tras el aterrizaje.

Presión sin éxito

Entidades sociales, partidos políticos y asociaciones judiciales han exigido durante semanas a Grande-Marlaska que les permitiera el acceso a España mientras se tramitaba sus peticiones de asilo y apatridia. Interior ha desoído todas las peticiones. El ministro ni siquiera ha mencionado el origen saharaui de los solicitantes cuando se le ha interrogado por la situación entre denuncias de las malas condiciones de las salas de inadmitidos -con falta de higiene, chinches, malos tratos por parte de los agentes a cargo- y la constatación de que las respuestas de Interior con la denegaciones eran calcos que no entraban a valor individualmente los casos, como exige la normativa.

En Barajas quedan 15 saharauis en las salas de asilo. Una parte de ellos ya tienen su deportación fijada para el próximo domingo 6, en un vuelo de las mismas características. Todos los deportados contaban con documentación que acreditaban su origen saharaui -expedida por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) o por España a través del censo realizado en 1974- y con una recomendación favorable de Acnur para que se autorizase su entrada para que pudieran completar su solicitud de apatridia, paralela a la de protección internacional. Una condición, la de saharaui, que el departamento de Grande-Marlaska ha intentado negar en repetidas ocasiones.