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Quito, Ecuador, 19/08/2017 (SPS).- Este miércoles 16 de agosto, en la capital ecuatoriana, se llevó a cabo el Segundo Taller de Intercambio de Experiencias entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) y la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH), cuyas máximas autoridades y equipos técnicos dialogaron sobre los aprendizajes y desafíos en la búsqueda de la verdad sobre los detenidos-desaparecidos en Ecuador y el Sáhara Occidental.
Los titulares de la Dirección General Tutelar y la Dirección de Reparación a Víctimas y Lucha contra la Impunidad de la DPE, explicaron las dimensiones y los alcances de su mandato, en el marco de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, vigente en este país andino desde el 2013, y de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, creada mediante Decreto Ejecutivo en mayo del 2007.
Para las 456 personas declaradas como víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre octubre de 1983 y diciembre del 2008, el Estado ecuatoriano estableció la reparación material e inmaterial o moral, proceso en el cual la DPE y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tienen competencias específicas, señalaron los expertos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), Abdeslam Omar, mencionó que desde la invasión de Marruecos al Sáhara Occidental, el 31 de octubre de 1975, la detención-desaparición se convirtió en un instrumento de represión y terror para perpetuar esa ocupación ilegal e ilegítima, y que las autoridades y las organizaciones de derechos humanos saharauis estiman en más de cuatro mil víctimas, entre quienes se desconoce el paradero de 400 de ellas.
Para el vocero de AFAPREDESA, la presión internacional obligó a Marruecos a reconocer en 2010, la muerte de 207 personas, en centros marroquíes de detención secretos, entre quienes se incluyeron 14 niños, 22 mujeres y 144 saharauis en operaciones militares; sin embargo, cientos de personas siguen consideradas como desparecidas por los familiares y las organizaciones de derechos humanos.
Abba Salek El Haissan, presidente de la CONASADH, destacó en su intervención el papel que desempeña esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), a nivel nacional e internacional, en el seguimiento y la defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui tanto en los Campamentos de Refugiados en Tindouf y en los Territorios Liberados como en las ciudades ocupadas por el Reino de Marruecos, y los desafíos institucionales a partir del 2014, año de su creación.
No obstante las diferentes realidades y contextos, entre Ecuador y el Sáhara Occidental, los participantes en este segundo taller de intercambio de experiencias, identificaron procesos organizativos, respuestas e iniciativas similares de las INDH y de los familiares y defensores de derechos humanos en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, como lo señaló el embajador saharaui en Ecuador, Alisalem Sidi Zein, durante una de sus intervenciones en esta actividad, en la que participó como invitado especial.
El Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la DPE, Patricio Benalcázar Alarcón, y el presidente de la CONASADH, Abba Salek El Haissan, y los asistentes, entre quienes se encontraba el coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS), Pablo de la Vega, acordaron implementar algunas actividades durante los próximos meses para promocionar y sensibilizar a la opinión pública ecuatoriana e internacional sobre el deterioro permanente y sistemático de los derechos humanos en los Territorios Ocupados en el Sáhara Occidental y las recientes sentencias ilegales impuestas por el Tribunal de Apelaciones de Rabat a los activistas saharauis del Grupo de Gdeim Izik, que consisten en penas de privación de libertad desde 20 años hasta cadena perpetua.
Finalmente, todos los participantes, incluidos los presidentes de la CONASADH y AFAPREDESA, que intervinieron mediante teleconferencia, reiteraron la importancia de este tipo de actividades que se enmarcan en el Convenio Marco Interinstitucional de Entendimiento, Cooperación y Asistencia Mutua, suscrito en mayo de este año, entre las dos Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH).-
Los titulares de la Dirección General Tutelar y la Dirección de Reparación a Víctimas y Lucha contra la Impunidad de la DPE, explicaron las dimensiones y los alcances de su mandato, en el marco de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, vigente en este país andino desde el 2013, y de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, creada mediante Decreto Ejecutivo en mayo del 2007.
Para las 456 personas declaradas como víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre octubre de 1983 y diciembre del 2008, el Estado ecuatoriano estableció la reparación material e inmaterial o moral, proceso en el cual la DPE y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tienen competencias específicas, señalaron los expertos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), Abdeslam Omar, mencionó que desde la invasión de Marruecos al Sáhara Occidental, el 31 de octubre de 1975, la detención-desaparición se convirtió en un instrumento de represión y terror para perpetuar esa ocupación ilegal e ilegítima, y que las autoridades y las organizaciones de derechos humanos saharauis estiman en más de cuatro mil víctimas, entre quienes se desconoce el paradero de 400 de ellas.
Para el vocero de AFAPREDESA, la presión internacional obligó a Marruecos a reconocer en 2010, la muerte de 207 personas, en centros marroquíes de detención secretos, entre quienes se incluyeron 14 niños, 22 mujeres y 144 saharauis en operaciones militares; sin embargo, cientos de personas siguen consideradas como desparecidas por los familiares y las organizaciones de derechos humanos.
Abba Salek El Haissan, presidente de la CONASADH, destacó en su intervención el papel que desempeña esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), a nivel nacional e internacional, en el seguimiento y la defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui tanto en los Campamentos de Refugiados en Tindouf y en los Territorios Liberados como en las ciudades ocupadas por el Reino de Marruecos, y los desafíos institucionales a partir del 2014, año de su creación.
No obstante las diferentes realidades y contextos, entre Ecuador y el Sáhara Occidental, los participantes en este segundo taller de intercambio de experiencias, identificaron procesos organizativos, respuestas e iniciativas similares de las INDH y de los familiares y defensores de derechos humanos en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, como lo señaló el embajador saharaui en Ecuador, Alisalem Sidi Zein, durante una de sus intervenciones en esta actividad, en la que participó como invitado especial.
El Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la DPE, Patricio Benalcázar Alarcón, y el presidente de la CONASADH, Abba Salek El Haissan, y los asistentes, entre quienes se encontraba el coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS), Pablo de la Vega, acordaron implementar algunas actividades durante los próximos meses para promocionar y sensibilizar a la opinión pública ecuatoriana e internacional sobre el deterioro permanente y sistemático de los derechos humanos en los Territorios Ocupados en el Sáhara Occidental y las recientes sentencias ilegales impuestas por el Tribunal de Apelaciones de Rabat a los activistas saharauis del Grupo de Gdeim Izik, que consisten en penas de privación de libertad desde 20 años hasta cadena perpetua.
Finalmente, todos los participantes, incluidos los presidentes de la CONASADH y AFAPREDESA, que intervinieron mediante teleconferencia, reiteraron la importancia de este tipo de actividades que se enmarcan en el Convenio Marco Interinstitucional de Entendimiento, Cooperación y Asistencia Mutua, suscrito en mayo de este año, entre las dos Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH).-