Un reciente artículo de Akram Kharief, publicado por Rosa Luxemburg Stiftung – North Africa bajo el título Drones, Civilians and Law in North Africa and the Sahel, aporta elementos de gran importancia para comprender una dimensión todavía poco visible del conflicto del Sáhara Occidental: el uso de drones contra población civil en los territorios situados al este del muro militar marroquí.

El artículo no se limita al caso saharaui. Analiza también Mali, Libia y Sudán. Pero el Sáhara Occidental aparece como uno de los escenarios mejor documentados y más reveladores de una lógica común: ataques a distancia, identificación desde el aire, ausencia de presencia terrestre y enormes dificultades para exigir responsabilidades.

La tesis central es clara. El problema no es solo que existan drones armados, sino el modo en que se utilizan. Cuando una misma plataforma vigila y ataca, cuando “el ojo y el arma” se convierten en una sola cosa, aumenta el riesgo de golpear lo que se observa sin verificar adecuadamente su naturaleza. El propio artículo lo resume con una frase especialmente dura: el dron opera allí donde termina la rendición de cuentas.

En el caso del Sáhara Occidental, los datos citados proceden de SMACO, la Oficina Saharaui de Coordinación de la Acción contra las Minas. Según esos datos, entre 2021 y 2023 se registraron 73 ataques de drones marroquíes en los territorios al este del muro, con 160 víctimas, entre ellas 80 personas fallecidas, saharauis, argelinas y mauritanas.

El perfil de las víctimas es uno de los elementos más relevantes. El artículo señala que el 58,4% eran viajeros en rutas comerciales, el 36,3% mineros artesanales de oro y el 5,3% pastores o nómadas cuyas tiendas fueron atacadas. También recoge que no pudo establecerse relación entre las personas muertas o heridas y el Ejército saharaui.

Esto cambia la lectura del problema. No hablamos solo de incidentes militares en una zona de tensión. Hablamos de una población civil que se mueve por rutas comerciales, busca recursos para sobrevivir, mantiene formas de vida nómadas o desarrolla actividades económicas precarias en un territorio ya profundamente condicionado por el muro, las minas y la ocupación.

El artículo subraya además un punto jurídico esencial: Marruecos no tiene presencia terrestre al este del muro. Por tanto, la identificación de objetivos depende casi por completo de la vigilancia aérea. Esa ausencia de verificación independiente convierte cada ataque en un problema de derecho internacional humanitario, especialmente en relación con los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

La dimensión humana es igual de grave. Según los datos recogidos, los sobrevuelos frecuentes han generado miedo constante entre la población civil; familias nómadas han alterado sus rutas tradicionales; la minería artesanal se ha convertido en una actividad potencialmente mortal; y se han destruido vehículos, camiones cisterna y medios de subsistencia como camellos, afectando directamente a hogares enteros.

Aquí aparece una idea de fondo que conviene no perder: los drones no solo matan cuando disparan. También modifican la vida cotidiana. Imponen miedo, vacían rutas, paralizan actividades económicas y empujan a la población a abandonar espacios donde antes vivía, comerciaba o transitaba.

Por eso el caso saharaui no debe leerse como un episodio técnico dentro de una guerra de baja visibilidad. Debe entenderse como parte de una estrategia que afecta directamente a la presencia civil en los territorios liberados. Si moverse, comerciar, pastorear o buscar oro puede convertir a una persona en objetivo, entonces el espacio civil queda reducido bajo amenaza permanente.

El artículo de Kharief tiene también el valor de situar el Sáhara Occidental dentro de un patrón regional. En Mali, recuerda el ataque de Bounti de 2021, donde una investigación de la MINUSMA concluyó que murieron civiles en un ataque de la operación Barkhane. En Libia, aborda el uso de sistemas autónomos. En Sudán, apunta a la expansión de drones en un conflicto devastador. El hilo común es inquietante: poblaciones invisibles, zonas sin control efectivo y una tecnología que permite matar sin exponerse.

Para el Sáhara Occidental, esta lectura resulta especialmente importante. Durante años, la atención internacional se ha centrado en la dimensión diplomática del conflicto: Naciones Unidas, resoluciones, enviados personales, negociaciones, posiciones de Estados. Pero sobre el terreno existe otra realidad: una guerra de drones que afecta a civiles y que rara vez ocupa titulares.

Y esa ausencia de atención también forma parte del problema.

Si no hay investigación independiente, si no hay acceso seguro a las zonas atacadas, si las víctimas no tienen nombre ni reparación, la tecnología se convierte en un instrumento de impunidad. La precisión prometida por el discurso militar se transforma entonces en una forma más sofisticada de invisibilizar daños.

El Sáhara Occidental no solo está dividido por un muro. También está atravesado por un cielo vigilado, donde la población civil vive bajo la amenaza de ataques que apenas llegan al debate internacional.

Por eso este artículo merece ser leído y trabajado. No porque cierre el debate, sino porque abre una cuestión urgente: qué ocurre cuando una potencia ocupante puede proyectar fuerza letal sobre un territorio sin presencia terrestre, sin verificación independiente y sin rendición de cuentas efectiva.

En el caso saharaui, la pregunta no es secundaria. Es central.

Porque la ocupación no se ejerce únicamente sobre la tierra. También se ejerce desde el aire.