En los últimos días, el debate sobre la nacionalidad de las personas saharauis ha vuelto al Congreso. Pero más allá de lo que ocurra en la ponencia o de las negociaciones entre partidos, hay una pregunta que sigue sin resolverse para miles de personas: ¿puede hoy un saharaui obtener la nacionalidad española?

La respuesta, como casi todo en el caso del Sáhara Occidental, no es sencilla. Y no lo es porque no estamos ante un problema administrativo, sino ante una situación que arrastra décadas de decisiones políticas, silencios jurídicos y responsabilidades no resueltas.

Durante años, el Sáhara Occidental fue administrado por España. Hasta 1975, quienes nacían allí lo hacían bajo soberanía española, aunque con un estatuto específico. No era una situación plenamente equiparable a la de la península, pero sí implicaba un vínculo jurídico claro con el Estado español.

Ese vínculo se rompe de forma abrupta con la retirada española y los Acuerdos de Madrid. No hubo un proceso de descolonización completo, ni un referéndum, ni una regulación clara sobre qué ocurría con la población. Simplemente, España se fue. Y en ese vacío quedaron miles de personas cuya situación jurídica nunca se resolvió del todo.

Desde entonces, el problema no ha desaparecido. Se ha desplazado.

Hoy, una persona saharaui puede acceder a la nacionalidad española, pero no porque exista una vía pensada para su caso, sino porque encaja —como puede— en los mecanismos generales del Código Civil. El más habitual es el de la residencia: vivir en España durante años, acreditar arraigo, cumplir requisitos. En algunos casos, el plazo puede reducirse si se reconoce la condición de refugiado. Pero incluso así, el proceso es largo, complejo y, en muchos casos, incierto.

No es una vía diseñada para quienes nacieron bajo administración española. Es una vía pensada para extranjeros.

Ahí está una de las claves del problema.

Existen otras posibilidades, como la carta de naturaleza —una concesión excepcional del Gobierno— o determinados supuestos de opción. Pero ninguna de ellas ofrece una solución general. Todas dependen de circunstancias concretas, decisiones políticas o interpretaciones administrativas.

En paralelo, aparece otra realidad que complica aún más la situación: la apatridia. Muchos saharauis no son reconocidos plenamente como nacionales por ningún Estado, o encuentran enormes dificultades para acreditar una nacionalidad efectiva. Esto no es un matiz técnico. Tiene consecuencias directas: dificultades para regularizar su situación, para acceder a derechos, para construir una vida estable.

Por eso, cuando se habla de nacionalidad, no se está hablando solo de un documento. Se está hablando de seguridad jurídica.

En este contexto, la propuesta de ley que se debate ahora en el Congreso introduce un cambio importante. Plantea reconocer el acceso a la nacionalidad española a quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes de 1976, es decir, cuando el territorio aún estaba bajo administración española. No es una vía más. Es, en cierto modo, un intento de corregir —aunque sea parcialmente— una situación que nunca se cerró.

👉 Este debate no surge de la nada, sino de un contexto político muy concreto: https://noteolvidesdelsaharaoccidental.org/ley-nacionalidad-saharauis-congreso-analisis/

Y se conecta directamente con una realidad que España lleva décadas evitando abordar de forma clara: https://noteolvidesdelsaharaoccidental.org/nacionalidad-saharauis-congreso-2026-ponencia/

Y ahí es donde el debate deja de ser técnico.

Porque lo que está en juego no es solo quién puede acceder a la nacionalidad, sino por qué. Si se trata de facilitar trámites administrativos o de reconocer una responsabilidad histórica. Si estamos ante una política migratoria más o ante una cuestión vinculada directamente a la descolonización inconclusa del Sáhara Occidental.

España ha evitado durante décadas responder de forma clara a esta pregunta. La legislación actual ofrece soluciones parciales, pero no aborda el fondo del problema. Y cada vez que el Congreso retoma esta cuestión, lo que reaparece no es solo una ley, sino una realidad que sigue abierta.

Mientras tanto, miles de saharauis continúan moviéndose entre categorías jurídicas que no terminan de encajar con su historia.

Y esa es, probablemente, la clave de todo.