La proposición de ley para conceder la nacionalidad española a personas saharauis nacidas bajo administración española vuelve a la agenda política. Este martes, una ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso se reúne para retomar su tramitación, después de más de un año de bloqueo desde su toma en consideración en marzo de 2025.

El movimiento no es menor. En las últimas semanas se ha reactivado el trabajo entre grupos parlamentarios, con nuevas enmiendas transaccionales impulsadas por Sumar y con la expectativa de consolidar una mayoría suficiente para sacar adelante la norma, incluso sin el respaldo del PSOE. La reunión previa de varios grupos con representantes del Frente Polisario apunta en esa misma dirección: la voluntad de desbloquear una iniciativa que llevaba meses estancada.

Más allá del calendario parlamentario, la reactivación de esta ley se produce en un contexto especialmente significativo. La reciente exclusión de las personas saharauis —en su mayoría apátridas— del proceso extraordinario de regularización ha vuelto a poner en primer plano las dificultades específicas de este colectivo en el acceso a derechos básicos. En ese escenario, la nacionalidad aparece no solo como una vía administrativa, sino como una posible respuesta a una situación prolongada de indefinición jurídica.

El debate parlamentario, por tanto, no gira únicamente en torno a una reforma legal concreta. También refleja las tensiones políticas existentes en torno a cómo abordar la situación de los saharauis en España: entre quienes defienden una solución específica basada en el vínculo histórico y quienes optan por mantener el marco general vigente.

La sesión de la ponencia no garantiza avances inmediatos, pero sí marca un cambio de ritmo en la tramitación. Después de meses de parálisis, el texto vuelve a ser objeto de negociación activa, en un momento en el que la cuestión ha recuperado visibilidad pública.

Habrá que ver si este impulso se traduce en acuerdos concretos o si vuelve a diluirse en el debate parlamentario. Pero el hecho de que la ley vuelva a moverse indica, al menos, que el asunto sigue abierto.