La sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prevista para hoy sobre Venezuela vuelve a poner en evidencia una realidad cada vez más difícil de ocultar: el derecho internacional sigue existiendo, pero su capacidad para limitar el uso de la fuerza se erosiona cuando entran en juego los intereses de las grandes potencias.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne este lunes en sesión de emergencia, a petición de Venezuela, tras el bombardeo de Caracas por parte de Estados Unidos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. La reunión, prevista para las 10:00 de la mañana (hora de Nueva York), se celebra en un clima de máxima tensión internacional y con posiciones previsiblemente irreconciliables entre los miembros del Consejo.

La convocatoria se produce tras una acción militar directa ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que marca un salto cualitativo en la crisis venezolana. Antes incluso de que el Consejo se reúna, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su profunda alarma por la intervención y advirtió de que sentaba un “precedente peligroso”. No se trata de una fórmula retórica: es el reconocimiento explícito de que se ha cruzado una línea que afecta al conjunto del sistema internacional.

Ese precedente es grave porque normaliza el uso unilateral de la fuerza fuera de cualquier mandato del Consejo de Seguridad, vulnerando de forma directa el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el recurso a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. Cuando esa prohibición se relativiza, el derecho internacional deja de ser una norma vinculante y pasa a convertirse en una referencia opcional, invocable solo cuando conviene.

La agresión armada estadounidense se produce tras meses de escalada, con un importante despliegue militar frente a las costas venezolanas y una sucesión de operaciones presentadas como lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el bombardeo de la capital y la captura del jefe del Estado trascienden cualquier marco de cooperación policial o de seguridad y sitúan el conflicto en el terreno de la fuerza bruta y del hecho consumado.

La reunión de hoy del Consejo de Seguridad vuelve así a revelar sus límites estructurales. El debate será intenso, las posiciones quedarán registradas y el derecho será citado con solemnidad. Pero el desenlace político es previsible: la presencia de un miembro permanente directamente implicado reduce de antemano la posibilidad de decisiones efectivas. El Consejo no actúa como garante del derecho, sino como gestor político de su incumplimiento.

Esta dinámica no es nueva ni excepcional. El Sáhara Occidental constituye uno de los ejemplos más persistentes de esta degradación del sistema internacional. Naciones Unidas reconoce desde hace décadas que se trata de un territorio pendiente de descolonización y que el pueblo saharaui es titular del derecho a la autodeterminación. Sin embargo, la ocupación marroquí se mantiene, se refuerza y se normaliza, mientras el Consejo de Seguridad se limita a prorrogar mandatos y a administrar el conflicto sin resolverlo.

El vínculo entre Venezuela hoy y el Sáhara Occidental desde hace medio siglo no reside en la comparación de contextos políticos, sino en el trato dispensado al derecho internacional. Cada vez que una intervención militar o una ocupación ilegal quedan sin consecuencias, el mensaje se consolida: la legalidad internacional es flexible para los poderosos e inoperante para los débiles. Para los pueblos que dependen del derecho como única protección frente a la fuerza, esta erosión no es teórica: es una condena prolongada.

Si la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad concluye, como tantas otras, sin decisiones vinculantes ni medidas correctivas, no será un fracaso puntual. Será la confirmación de una tendencia estructural: el derecho internacional convertido en decorado, imprescindible para la escenografía diplomática, pero prescindible cuando estorba a los intereses de poder. Mientras esta lógica prevalezca, la justicia internacional seguirá siendo selectiva y los conflictos no resueltos, como el del Sáhara Occidental, continuarán atrapados en una legalidad reconocida pero sistemáticamente ignorada.

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